Guatemala, junto a El Salvador, Honduras y México están entre los 10 países más violentos del mundo, según entidades internacionales. Vivir en medio de criminales es una anormalidad. Estamos, valga la contradicción, presos en libertad. No sabemos en qué momento estaremos colocados en el lugar inadecuado. Y para las personas que viven en las llamadas “zonas rojas” o quienes desempeñan oficios de alto riesgo, como los pilotos y los ayudantes de camionetas, víctimas de los extorsionistas, esta vulnerabilidad es exponencial.

Las y los periodistas estamos expuestos a esos riesgos. Trabajamos con información y análisis que afecta directamente al crimen organizado y a la narcoactividad, pero también a funcionarios corruptos, a autoridades coludidas con asesinos y a burócratas inescrupulosos. Nuestro trabajo provoca la ira de aquellos a quienes afecta que se conozcan los ilícitos que cometen.

Hablo del periodismo como una profesión y a los y las periodistas y comunicadores como los intermediarios profesionales entre la realidad que observan y aquellos a quienes dirigen su trabajo. No me estoy refiriendo a lo que se hace circular de manera anónima, lo que se difunde en las redes sociales sin fuente confiable ni autoría reconocida que muchas veces resulta falso, daña la honorabilidad de las personas, estimula reacciones dañinas y busca generar estados de opinión con intereses espurios. Eso no es periodismo.

Debido a los peligros que enfrentan los periodistas y comunicadores sociales, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha hecho reiteradas recomendaciones a los países para que adopten programas de protección a dichos profesionales. En Guatemala aún estamos esperando que el presidente honre su palabra cuando avaló la propuesta que le presentamos y que, debido a la consabida burocracia, falta de interés y de voluntad del aparato estatal, a nueve meses de asumido este compromiso, no hay modo de que inicie el proceso de su construcción.

De enero del 2003 a octubre del 2016, el Observatorio de los Periodistas de Cerigua reportó 741 violaciones a la libertad de expresión y libertad de prensa. Entre 2015 y 2016, más de 20 hechos fueron en contra de mujeres periodistas y aclaramos que hay un subregistro, debido a que no son presentadas las denuncias por diversas razones.

Teniendo conciencia de la importancia de las alianzas nacionales, más de 16 asociaciones y cámaras de periodistas, locutores y comunicadores nos unimos en Guatemala en un hecho histórico. No hablamos de nuestras diferencias, vimos los intereses de nuestros agremiados y hemos avanzado en la construcción de confianza.

Pero dimos un paso más que ha sido elogiado y ampliamente reconocido a nivel internacional. Las asociaciones de periodistas de El Salvador y Guatemala, APES y APG, respectivamente, emitieron un informe integrado, en el que analizan la situación que enfrentaron los trabajadores de la información durante el 2016, en sus respectivos países.

El documento hace ver la creciente situación de riesgo que registra el ejercicio periodístico en El Salvador, enmarcada en agresiones que terminan hasta con la vida de periodistas, lo que ha obligado a directivos, editores y reporteros a modificar sus rutinas de trabajo y abordar su profesión bajo nuevas estrategias.

Guatemala enfrentó durante el último año uno de los períodos más violentos en contra de la prensa, período en el cual fueron asesinados nueve comunicadores en ocho departamentos y cuatro más fueron víctimas de atentados. Este año dos comunicadores perdieron la vida de forma violenta.

La APES y la APG concluyeron que esta es la primera entrega de un esfuerzo conjunto e inédito.

PD: mi solidaridad y reconocimiento a la Agente Fiscal de Jutiapa, Carmen Maldonado, cobardemente atacada por criminales, y al comisionado Iván Velásquez.

iliaalamilla@gmail.com