Para quienes tienen acceso a los medios y particularmente para los periodistas y comunicadores, Guatemala es un paraíso de la información. De nuestra realidad se pueden escribir novelas, tal como ha sucedido; hay material para telenovelas, documentales y películas, dada la velocidad con que se desarrollan los acontecimientos.

En un solo día pueden verse espectáculos de los políticos, incluso de un mismo partido, increpándose sobre hechos irregulares en relación con prebendas y construcción de patrimonio, pero también a la estrella de todos los escenarios de corrupción, asegurando “ser inocente” de los hechos que se le imputan al conocerse la decisión del juzgador, de dejarla ligada a proceso por el caso de la “agüita mágica” que limpiaría el Lago de Amatitlán.

Los juristas, académicos y estudiantes de Derecho tienen, por primera vez en la historia reciente, a la vista casos que seguramente serán discutidos en las aulas, constituirán temas de tesis y de debates del foro jurídico. El caso de la defraudación aduanera, en donde están involucrados los exmandatarios del país, nos ha permitido conocer de cerca, gracias a los medios, la forma en que se desarrollan las audiencias.

Las conversaciones urbanas giran en torno a la culpabilidad de los acusados, casi nadie se recuerda de la presunción de inocencia; el repudio es total y generalizado, al extremo que se justifican las violaciones al debido proceso, se denigra a los abogados defensores de los acusados, se aceptan resoluciones que algunas veces son violatorias de la ley. Abogados reconocidos se han atrevido a cuestionar estas actuaciones judiciales que podrían hacer dudar sobre la imparcialidad de la justicia.

La indignación por la impúdica corrupción nos eriza la piel. Cada nuevo descubrimiento de la forma en que se apropiaron de los recursos del Estado, causa repulsión.

Esta coyuntura ha permitido que salga a flor de piel lo que había sido una tradición tolerada. Si hubiera sucedido antes, seguramente no habría tantos nuevos ricos y muchos expresidentes y funcionarios estarían todavía tras las rejas, pues este fenómeno es estructural.

Pero tal vez una noticia que ha captado la atención fue la denuncia pública que hizo el Nuncio Apostólico, Decano del Cuerpo Diplomático, llamando la atención a los embajadores a no inmiscuirse en los asuntos internos del país. Tal ha sido el nivel de injerencia extranjera que una voz autorizada tuvo que alzarse, porque la inconformidad va en aumento, pues cada vez se ha hecho más obvia.

Es tan evidente esa intervención, que para algunos ya somos casi un protectorado o una democracia tutelada. La representación de la ciudadanía en el Congreso la ha aceptado dócilmente al reconocer que las órdenes se reciben en inglés, dando como resultado, entre otros, la votación para elegir a la persona que era la candidata del embajador de Estados Unidos para integrar la Corte de Constitucionalidad, tal como se ha publicado.

Y mientras todo el “tutelaje” está dirigido al combate a la corrupción, a la depuración del sistema de justicia, a dar la venia para el nombramiento de funcionarios de alto nivel, la población más vulnerable resiente cada vez más la galopante inseguridad. Estamos en un escenario de terrorismo, en donde los pobres son las víctimas principales.

Pero la preocupación de propios y extraños no alcanza a quienes más lo necesitan, los pobres y pobres extremos. Hace dos días, en un ranquin elaborado por el Banco Mundial, se reveló que somos el cuarto país a nivel latinoamericano y el noveno a nivel mundial con los mayores niveles de desigualdad, debido a la concentración de la riqueza en pocas manos.

Siendo optimistas, las embajadas y la cooperación internacional, cuando terminen con los corruptos, tal vez vuelven la mirada a los miserables.