Ha generado mucha controversia el hecho de que Cristian Gamboa y Christian Ulate, dos de los principales investigadores de la Cicig y a cargo de los casos más relevantes de los últimos tiempos, hayan renunciado repentinamente para fundar una bufete para prestación de servicios jurídicos a clientes “especiales”.

No se discute que los susodichos estén en todo su derecho de renunciar e iniciar actividades relacionadas con el ejercicio de su profesión. Los cuestionamientos surgen de la ausencia de un protocolo de confidencialidad en una institución como la Cicig -que maneja casos de alto impacto e investigaciones tan delicadas como para poner a presidentes y vicepresidentes tras las rejas- y que debería haber impedido, mediante acuerdos previos de confidencialidad, que sus exempleados no puedan vender a terceros la inteligencia institucional de Cicig un mínimo de cuatro años después de su salida.

Estos empleados, al llevarse lo que en el argot empresarial se llaman trade secrets o secretos internos de la Cicig, están en una posición ventajosa para defender a clientes potenciales acusados por la misma Cicig. El conocimiento interno de los sistemas operativos y administrativo; el perfil del personal clave; los sistemas de información y escuchas telefónicas; las debilidades y fortalezas del equipo de investigadores, incluyendo hasta el conocimiento de intimidades del propio comisionado Iván Velázquez vulneran la seguridad de la Cicig.

Todos saben que aun cuando no sean ellos mismos los que defiendan a futuros clientes, pueden ser contratados por terceros como consultores para asesorar casos especiales y vender esa información interna de la Cicig, la cual puede ser la diferencia para un cliente entre salir libre o culpable en casos de alto impacto.

Al margen de las consideraciones éticas que en este caso son evidentes. La pregunta es ¿por qué la Cicig no los obligó a firmar un acuerdo de confidencialidad con estrictas cláusulas de prohibición de utilizar, vender, trasladar o compartir información confidencial de la Cicig durante un mínimo de cuatro años, so pena de graves consecuencias legales firmadas y acordadas por ellos mismos?

El asunto no para ahí. De repente Antonio Morales, el principal fiscal a cargo del caso Baldetti, también renuncia a principios de noviembre para unirse al nuevo bufete. Con similares repercusiones para el Ministerio Publico, Morales traerá a la mesa todo el conocimiento adquirido en esa institución a lo largo de su vasta experiencia en casos de alto impacto: perfil de fiscales y jueces; metodología de escuchas telefónicas, informática, lo que se puede y no se puede hacer en términos de administración operativa. Ergo: una radiografía completa del Ministerio Publico.

Para complicar aún más el asunto, resulta que todo el personal de la Cicig “disfruta de privilegios e inmunidades, exenciones y facilidades otorgados a los agentes diplomáticos de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, por lo que gozan de “inmunidad de toda acción judicial con respecto a palabras pronunciadas o escritas y a actos realizados por ellos en el desempeño de su misión. Esta inmunidad de toda acción judicial se seguirá concediendo después de que hayan dejado de prestar servicios a la Cicig”. /Acuerdo marco/Naciones Unidas/Gobierno de Guatemala.

Ahora entendemos por qué el comisionado Velázquez le ha “restado importancia” a la salida de los funcionarios. Sabe que está atado de manos al tenor de estos artículos vigentes. Una enmienda en todo caso no tendría efecto retroactivo.

Nunca es tarde para aprender la lección.

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