La corrupción, socialmente, no es un cáncer. Este se cura o mata. La otra es como una enfermedad endémica que, siendo infecciosa, afecta de manera “permanente” un cuerpo vivo, pudiendo no necesariamente matarlo, pero mantenerlo en condiciones precarias de sobrevivencia.

No hay Estado en el mundo donde haya podido ser erradicada total y permanentemente. Esa es la lamentable realidad. Y es que ella trasciende las ideologías. Puede haber corrupción en gobiernos de izquierda, de derecha o del centro. Sobrepasa las filiaciones religiosas, pudiendo padecerla evangélicos, católicos, musulmanes, judíos… Trasciende fronteras, nacionalidades, orígenes étnicos; igual, puede haber corrupción en un país chino, africano, árabe, caucásico.

La cero tolerancia a la corrupción debe ser un principio ético y una práctica moral. Pero este postulado es sustancial en el ámbito personal, donde cada uno(a) debemos luchar por ello a lo largo de nuestras vidas, tratando de ser, por utópico que parezca, coherentes.

Sin embargo, a nivel social y, más aún en el ámbito del Estado, el análisis de esta patología trasciende la dimensión ética individual, aunque están, sin duda, relacionadas. No habría corrupción a nivel social si no hubiera corruptos.

Pero la realidad es que a nivel individual, las personas pueden, mediante principios y valores robustos, evitar llegar a ser corruptos o, habiéndolo sido, redimirse de ello si efectivamente alcanzan un “ánimo de enmienda”. Es decir, que en el ámbito personal esta enfermedad es prevenible o curable, aunque nunca serán todos virtuosos.

La corrupción, por tanto, debe enfrentarse desde diversos ámbitos. Dos pueden ser los fundamentales. Está el individual: la formación moral de los niños y jóvenes; la adscripción personal, ideológica o religiosa, en particular, a determinados valores y principios; la familia, y en general, las instancias sociales más cercanas a la cotidianidad, juegan el papel esencial.

El otro ámbito es el político institucional, que tiene que ver con el funcionamiento del Estado, con las regulaciones que acoten las condiciones que pueden crear espacios propicios para la corrupción o constituir incentivos perversos que la promueven.

Los límites a la corrupción, por lo tanto, son dobles. Como personas, la tolerancia cero es fundamental. No se llega a ser corrupto de un día para otro. Sucede cuando paulatinamente nos corrompemos. Como Estado, la cero tolerancia debe ser un principio; pero, como práctica, la frontera que no se puede pasar es la disfuncionalidad del Estado y la afectación sustancial al bien común, que es su fin último.

El primer límite está relacionado con la coherencia en nuestra conducta. El ya generalizado saludo de “bendiciones” que tanto escuchamos en nuestro diario vivir es incoherente con la búsqueda del beneficio personal y egoísta por encima de cualquier otro propósito en la vida.

El otro límite, el social, está en mantener esta endemia bajo control, mediante prácticas institucionales que permanentemente desincentiven la corrupción, la repriman y reparen sus perversos efectos.

Actualmente, en el Estado guatemalteco donde quiera que se “pinche”, brota la corrupción. En las municipalidades, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, etc. Y no podemos destruir el Estado para matar la corrupción. Podríamos destituir a todos los funcionarios públicos corruptos y encarcelar a todos los empresarios corruptores, que otros vendrían atrás a sustituirlos.

La cirugía tiene que ser institucional.