La corrupción se ha infiltrado hasta en los espacios más recónditos de la sociedad. Está metida como un virus indestructible y a pesar del rechazo natural de la sociedad a un hecho contra el cual es incapaz de actuar –por ser una de las aristas del poder- termina acomodándose a sus métodos y cediendo a la fuerza de su inevitabilidad.

Como un hecho extraordinario, este año se produjo una importante reacción ciudadana a esta inveterada costumbre de abusar del poder, para acumular fortunas gracias a la opacidad del manejo de los dineros del Estado. Como resultado cayeron gobernantes, ministros y funcionarios de confianza cuyos expedientes pronto revelaron el tamaño de sus delitos. Sin embargo, esa corrupción enquistada hondo en el tejido institucional continúa midiendo fuerzas con un sistema de justicia debilitado a propósito por quienes se benefician de ello.

Quizá por eso el asombro cuando alguna autoridad o personaje de relevancia, en cualquiera de los ámbitos de decisión a nivel nacional, actúa correctamente. Es una excepción, es la sorpresa y la admiración ante una acción marcada por la ética, es el despertar de la esperanza por un futuro en el cual sea esa la norma y no la excepción.

Así fue la percepción cuando el juez Miguel Ángel Gálvez dio por terminada la prolongada audiencia del caso Siekavizza en la cual decidió enviar a juicio a Roberto Barreda De León por los delitos de femicidio, amenazas y maltrato contra menores de edad. Su madre, una ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, también enfrentará juicio por amenazas. Sin embargo, y a pesar de las críticas por el impacto mediático de este caso único –hay quienes protestan por el supuesto elitismo de sus protagonistas- es importante subrayar una de las características que lo volvió emblemático: la red de influencias de esta ex magistrada y madre del imputado, cuyo poder dentro del sistema de justicia marcó de manera indeleble la ruta impidiendo el avance del proceso durante más de 4 años.

Corrupción del más alto nivel en este ejemplo puntual de manipulaciones. Pero es solo un ejemplo dentro de una red intrincada de nexos entre juristas, ministros, funcionarios de mayor y menor categoría, empresarios, académicos, activistas sociales y ciudadanos en todos los campos del quehacer nacional, incluido el deporte. Porque hacia donde se dirija la mirada se encuentran actos atentatorios contra la integridad del Estado, contra el estado de Derecho, contra el ambiente y también contra la vida humana. Para ejemplificarlo no se necesita ir muy lejos: contratos por obras nunca realizadas o bienes jamás vistos, licencias para explotaciones que solo benefician a individuos, a empresas y destruyen a comunidades enteras, juicios venales y la infiltración del crimen en los órganos oficiales.

De esa forma de “cultura” del soborno, la falsificación, el cohecho, el robo y el crimen en todas sus expresiones surgen el temor y el escepticismo por el futuro de una nación cuyas generaciones más jóvenes tienen el destino definido por las carencias y el abandono. A ello se suman nuevos aires de censura muy al estilo de un pasado violento y represor. Remontar el camino hacia el desempeño correcto del poder desde todos sus frentes –públicos y privados- probablemente llevará más de una generación, pero para ello es indispensable un ejercicio ciudadano de fiscalización y control para erradicar esta peste, este virus mortal para la democracia.

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