Once niños, dice el titular de ayer —nueve de ellos menores de 2 años— muertos por desnutrición. Pero hay muchos más cuyo deceso no se registra como producto de la desnutrición crónica que afecta a más de la mitad de la población infantil, sino como resultado de alguna de las numerosas enfermedades oportunistas que los atacan sin compasión, dado que sus organismos no fueron capaces de desarrollar un sistema inmunitario capaz de protegerlos.

El reportaje de Andrea Orozco, publicado ayer domingo en Prensa Libre, indica, además, que más del 80 por ciento de los niños fallecidos por desnutrición no han llegado siquiera a los 2 años de edad. La pregunta obligada es ¿por qué si se conoce el problema y existen programas de atención a la población más necesitada, los niños y niñas de Guatemala siguen muriendo por falta de alimento?

La respuesta a una cuestión tan obvia la tiene el sistema político y la manera como se administra el Estado. La perspectiva desde los estamentos políticos no ha alcanzado la madurez suficiente para consolidar sus políticas públicas fundamentales y presenta fuertes deficiencias en su visión humanitaria o como quiera se le llame al más elemental sentido de responsabilidad respecto de las obligaciones hacia la población más necesitada de ayuda.

Por lo general, las declaraciones de los funcionarios de Gobierno se reducen a discutir si el porcentaje es uno o dos puntos menor que el del año pasado, con lo cual tienden a mostrar una satisfacción ofensiva toda vez el número de niños muertos no tiene visos de desaparecer. Se supone que luego de tantos estudios elaborados por los organismos internacionales, las secretarías, las comisiones y los expertos contratados para ejecutar los planes, a estas alturas del partido debería existir ya un programa bien estructurado de tolerancia cero contra la desnutrición crónica, así como una asignación eficaz y transparente de recursos con acciones orientadas hacia mejores políticas de desarrollo sostenible en las áreas de mayor incidencia.

Los parámetros de desarrollo en un país con las enormes riquezas de Guatemala deberían ir subiendo año tras año con indicadores válidos y técnicamente sustentados. Para ello, los programas de asistencia alimentaria deberían independizarse de las estrategias propagandísticas gubernamentales y funcionar de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil que les sirvan de aval. La sociedad, si se involucra, podría ser capaz de cambiar esta atroz realidad de las muertes infantiles.

Hace algunos días, el Instituto Nacional de Estadísticas reportó un incremento del 12 por ciento en la canasta básica, la cual actualmente se calcula en alrededor de Q6 mil mensuales. Haga el cálculo de cuánto necesita una familia de cinco personas para sobrevivir e imagínese recibiendo un salario de Q2 mil 500 a Q3 mil, si bien le va, y cómo hacer para costear educación, salud, alimentación, vestuario, recreación, transporte y vivienda para esa familia promedio. Esa es, ni más ni menos, la realidad de la abrumadora mayoría de la población, niñez incluida.

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