Están ahí, listas para abrirse nuevamente y nutrirse de la mordida corrupta. Por el momento yacen cerradas en muchos escritorios estatales, en una especie de obligado letargo por la inercia del escándalo de la Línea, pero siguen agazapadas, esperando la oportunidad hipócrita de abrirse con impunidad otra vez. En no pocas oficinas gubernamentales siempre han estado impúdicamente abiertas, habida cuenta que se han podido mover furtivamente en la insolencia de la absoluta impunidad.

¿Dónde están las gavetas en el Ministerio de Salud? ¿Dónde están las plazas fantasmas cuyos expedientes yacen escondidos en ellas? ¿Cuántas gavetas se encuentran abiertas en las decenas de miles de oficinas del Estado? Gavetas pequeñas, de entre Q200 y Q500 la mordida, multiplicada por largas colas que se nutren entre más complicados y engorrosos sean los trámites.

¿Cómo poder cerrar todas esas gavetas abiertas al incentivo perverso de la discrecionalidad del servidor público? Simple: En el out-sourcing, o la subcontratación de todos aquellos servicios públicos que son ineficientes e ineficaces, porque no solo funcionan mal y en forma onerosa, sino que maltratan con su pésimo servicio de una manera brutal y despiadada a la ciudadanía más necesitada.

Algunos distinguidos analistas argumentan en contra de esta opción, calificándola como una “privatización” del Estado. Es una interpretación absurda. No se está privatizando una institución, sino solo ciertos y específicos servicios que operan en forma ineficiente y a un costo altísimo debido a la corrupción, el desorden burocrático y los pactos colectivos.

No hay que irse por la tangente argumentando que esto no beneficia a nadie, sino solo a los que prestarían los servicios. Vamos, esa es una generalización simplista e incompleta. Tenemos que pensar en la ciudadanía. Como hacerle accesible, de la manera más eficiente y económica posible, ciertos y específicos servicios que requieren. Quien los provea y cuanto ganen, estará sujeto al valor comercial de ese servicio, que será, evidentemente, varias veces más económico que lo que le cuesta al Estado, léase a los contribuyentes.

Ejemplos: mantenimiento de la red hospitalaria. Alimentación de los hospitales; compra y manejo de inventarios, medicinas, insumos, equipo, de todos los ministerios. Mantenimiento de todas las flotillas de vehículos estatales: es decir, autopatrullas y las decenas de miles de vehículos estatales.

Con solo estos rubros, el ahorro alcanzaría cientos de millones de quetzales, con el valor agregado derivado de los efectos positivos que genera el disponer de equipo, insumos y vehículos en óptimo estado de operación.

Luego viene todo lo relacionado con la Ley de Alianzas Público Privadas. Esta ley, ya aprobada por el Congreso, es determinante para atraer inversión para la construcción y operación de la infraestructura más estratégicamente importante que el país requiere, de cara a los desafíos y exigencias que demanda el desarrollo económico del país: carreteras, puertos y aeropuertos, construcción y operación de cárceles, son solo algunas de las inversiones necesarias.

El periférico nacional es de gran trascendencia, debido al impacto en la disminución y mejoramiento del trafico vehicular de la región metropolitana y los municipios circundantes. Tiene un costo tan alto que solo puede ser viable dentro de un esquema de alianzas públicos privadas, mediante una licitación internacional con cero riesgo de triquiñuelas y opacidades.

La corrupción misma nos ha convertido a los guatemaltecos en unos pesimistas de primer orden, que vemos micos aparejados en todos lados. Lo triste es que existen.

alfredkalt@gmail.com