Los casos que hasta ahora han presentado el MP y la Cicig han develado la conformación y el modo de operación de las redes político-económicas ilícitas (RPEI) y han desnudado —como nunca antes— la vinculación de diversos sectores en estas estructuras criminales, que tienen su origen en la contrainsurgencia.

Las investigaciones muestran cómo el PP —un Ciacs convertido en partido político— encontró el camino para legitimarse a través de los procesos electorales y tomar por asalto al Estado. Las detenciones de los exministros de la Defensa Ulises Anzueto y Manuel López Ambrosio y del exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, todos exmilitares de la contrainsurgencia, terminan de cerrar la ecuación que empezó con las capturas del caso La Línea.

A partir de ahí desfilaron ante nuestros ojos integrantes de los más diversos sectores, lo que ejemplifica muy bien que el problema no son unas cuantas manzanas podridas (individuos), sino que nos enfrentamos a un problema de fondo, de sistema. Por eso hemos visto las salas de los juzgados atiborradas de funcionarios públicos, políticos, diputados, empresarios —tradicionales y emergentes, nacionales y extranjeros— militares, abogados, jueces, magistrados y sindicalistas señalados de diversos delitos, que van desde el tráfico de influencias hasta la asociación para delinquir.

Pero también han aparecido en el tablero los empresarios de la comunicación. Salvador González (Eco) y Edín Barrientos, de Siglo 21, el monopolio de la televisión abierta y el presidente del grupo A, Éric Archila, cuya familia es también propietaria de uno de los oligopolios radiales en el país. Archila, además, fue ministro de Energía y Minas en el gobierno de Pérez Molina y llamativamente los anunciantes de sus medios son las generadoras de energía, las mineras y empresas vinculadas a los ámbitos de acción de ese ministerio.

Y es que en esto de la cooptación del sistema los medios juegan un papel central, no solamente a través del financiamiento y la negociación de pauta en las campañas electorales, que les brinda enormes ganancias en publicidad y les garantiza la renovación de sus frecuencias, sino en la generación de opinión pública y en la instalación y reproducción de un discurso que contribuye a su sostenimiento.

Lo anterior tiene que ver en primer lugar con la concentración de la propiedad de los medios en pocas manos y con un procedimiento de acceso a frecuencias radioeléctricas basado únicamente en el factor económico (subasta) que favorece los monopolios y los oligopolios. Sería interesante ahora que estamos hurgando en el origen de los Ciacs, investigar cómo fueron entregadas la mayoría de frecuencias radiales y televisivas durante los gobiernos militares, cómo se han “renovado” las concesiones y cómo se ha manejado la pauta para premiar y castigar la cobertura mediática.

Esta concentración se traduce en falta de pluralidad en la transmisión de la información y en el análisis de la realidad, en la invisibilización de temas, actores y sectores, en la muerte civil de personajes incómodos, en la perpetuación del racismo, en la exaltación de lo privado en detrimento de lo público y en una agenda complaciente con el poder, solo por citar algunos ejemplos.

Si a lo anterior —que ya es gravísimo para la construcción de la democracia— le agregamos los ilícitos de los que están señalados los empresarios de la comunicación, ¿no es necesario iniciar ya el debate para terminar con la concentración en la propiedad de los medios?

@MarielosMonzon