¿Qué los impulsa a emprender una aventura semejante? Estudios sobre el tema abundan en proporción inversa a las soluciones, dejando la puerta abierta para que miles de niñas, niños y adolescentes intenten o, peor aún, logren traspasar los límites de su aldea, caserío, ciudad y país en búsqueda de algo mejor, de un futuro más promisorio que el ofrecido en su propia tierra. Son los niños emigrantes, aquellos privados de toda posibilidad de desarrollo en uno de los países más ricos del continente.

Sacrificar a la niñez en aras de la corrupción ha sido una de las políticas recurrentes durante todos los gobiernos de la era democrática de Guatemala. Es importante mencionar esto último porque durante las dictaduras los dados estaban echados, pero las promesas a partir del renacer democrático se centraron de tal modo en los derechos de la niñez, como para haber construido una de las plataformas nutricionales, educativas, recreacionales y sociales perfectas para el desarrollo integral y óptimo de las nuevas generaciones. Por supuesto, nada de eso ha sucedido. Desde el minuto siguiente a la toma de posesión de un nuevo gobierno, el olvido de la niñez ha sido el tono oscuro de todas las administraciones.

Institutos clausurados, escuelas abandonadas, maestros mal pagados y peor capacitados ha sido la marca país durante generaciones. Una universidad estatal que un día fue símbolo de alta calidad académica cayó bajo el mismo círculo de corrupción, con obvias consecuencias. La desnutrición crónica infantil se disparó hasta cubrir con su sombra a enormes sectores de la población menor de 12 años y la carencia de políticas públicas destinadas a reparar esos agujeros negros brillan por su ausencia. El sistema de salud pública, también cautivo de grupos criminales, sobrevive en condiciones paupérrimas por falta de un presupuesto que se deslizó hacia los bolsillos de unos pocos.

Entonces, ¿cómo es posible criminalizar a la niñez emigrante como si para ellos emigrar fuera una travesura llevada al extremo? Porque esas niñas, niños y adolescentes, quienes cruzan las fronteras en condiciones horrendas de riesgo e indefensión son tratados como delincuentes en todos los puntos del trayecto. Explotados, violados, hambrientos y desprotegidos por las autoridades —las mismas que los agreden— carecen de toda garantía de supervivencia cuando por el contrario, deberían ser objeto de la mayor protección.

La prioridad ahora es evitar esa emigración de niñez abandonada. Para lograrlo, la sociedad y el gobierno en pleno tienen la obligación absoluta de corregir los errores que han llevado a Guatemala a convertirse en uno de los países con menor calidad de vida del mundo por causa de la violencia, la corrupción y la desidia de quienes detentan el poder en los sectores de decisión política y económica. La vergüenza de ser una de las naciones “productoras” de emigración infantil ya debería haber hecho reaccionar a la ciudadanía. Pero esta se ampara en la ignorancia de la verdadera dimensión de la tragedia para no actuar, dejando el destino de sus descendientes en manos de los menos calificados.

La niñez y la juventud son los únicos recursos posibles de reciclaje de un país, son el nuevo inventario de talentos, constituyen un tesoro potencial de productividad y desarrollo cuyo desperdicio demuestra cuán poco interesa a las generaciones actuales el futuro de su patria. El tiempo de rescatarlos ya ha vencido y ahora es una tarea de la mayor urgencia actuar con conciencia, empatía y responsabilidad. No es un asunto de caridad, es un tema de derechos humanos.

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