El gobierno de FCN-Nación, que solo tiene siete meses en el poder, ha empezado a recorrer el camino hacia una nueva reforma fiscal con un error de bulto: buscar su promulgación con sigilo, como si algo tan serio fuera un tema exclusivo de los políticos.

Hasta ahora las intenciones del Ejecutivo en torno a la modificación de un tema tan sensible como es la recaudación de impuestos se ha mantenido en total hermetismo, y por más que el ministro de Finanzas ha recorrido los medios de comunicación no ha podido o ha decidido no poner sobre la mesa la totalidad de los pormenores de esa iniciativa.

Ayer se informaba que en las próximas horas el Gobierno enviaría su propuesta al Organismo Legislativo, donde se espera que finalmente se pueda conocer cuáles son las verdaderas intenciones de la administración de Jimmy Morales en cuanto a la búsqueda de más recursos.

Previamente, la noche del pasado martes, el mandatario se reunió con los jefes de bancadas representadas en el Congreso, a quienes también se les dijeron generalidades, que van desde modificar el actual régimen del impuesto sobre la renta hasta elevar los impuestos a la telefonía y a la actividad extractiva.

El mayor énfasis del oficialismo hasta ahora ha sido aclarar que el impuesto al valor agregado no será modificado, una medida que sin duda busca eliminar cualquier posibilidad de volatilidad social, donde más cabría esperar una airada protesta.

Lo primero que no parecen entender los impulsores de este reciclaje es que cualquier modificación tributaria afectará a todos los sectores, por lo cual han fracasado muchas de las reformas fiscales implementadas en el país, porque quienes han tenido en sus manos esas decisiones siempre han pretendido quedar bien con algunos sectores en perjuicio de otros, lo que repercute en un mal mayor cuando la carga impositiva se traslada a los consumidores.

Por eso se ha insistido en que cualquier reforma fiscal debe ser producto de amplios consensos, no de improvisaciones, salvo que el Gobierno tuviera contemplados estos planes. Es decir, que el gobernante no haya dicho la verdad o no haya comprendido la realidad económica del gobierno cuando afirmó en campaña que en su gestión no habría más tributos.

Ayer el sector privado aglutinado en el Cacif convocó a los secretarios generales de los partidos, una acción que solo se puede interpretar como una medida cuyo fin es levantar el debate con el objetivo de buscar que los congresistas tampoco vayan a actuar en la misma línea que lo ha hecho el Gobierno hasta ahora.

Varias reformas tributarias anteriores han fracasado por el errado enfoque de la tecnocracia, que solo atiende los montos deseables de recaudación, sin considerar la complejidad que implica cualquier aumento de impuestos, que siempre desencadenan rechazo, especialmente si no han sido justificados. Más importante aún debe ser escuchar la propuesta del Ejecutivo respecto del destino de los nuevos recursos y cuáles serían los compromisos para romper con el oprobioso pasado de corrupción.