A nadie podria convencer el diputado Leonel Soto Arango, cuando en una actitud teatral se ha dedicado a alabar la desvergüenza con que el Ministerio Público solicitó el archivo del proceso judicial en contra de varios diputados del FRG, por la supuesta alteración de la Ley de bebidas. De igual forma, a nadie convencerá la pobre argumentación del fiscal Ramón Sáenz, con la cual ha pretendido desvanecer los hechos, para sustentar la falta de mérito en el fallido proceso.

No es que se quiera ver las cabezas de 22 diputados rodando por el escenario político a como dé lugar. Nada más veleidoso e irresponsable sería actuar de esa manera. Sin embargo, debe quedar bien claro que el cierre de un caso tan trascendental para el fortalecimiento de la democracia y el estado de Derecho, sin la transparencia exigida ni la contundencia de pruebas claras de inocencia, socava los cimientos de credibilidad y confianza en el sistema de administración de justicia del país.

Lo cierto es que esta situación no termina aquí, pues se podrá argumentar que la ley se ha cumplido, como parte del debido proceso, pero lo que no podrá demostrarse ni mucho menos aceptar es que se haya hecho justicia. El problema radica en que no sólo hubo una sospechosa desaparición de pruebas documentales que hubieran podido probar culpabilidad o inocencia, sino, además, conversaciones privadas en las que algunos diputados del FRG admitieron haber cometido un error garrafal.

Aunque en el seno de Abraham se haya sostenido que no privó ninguna mala fe en el desarrollo de esos sucesos, la condena moral sobre esas acciones no estriba en la existencia o falta de una intención velada. Si los hechos no fueron aceptados con el coraje y estatura ética que deben tener los representantes del pueblo, principalmente aquellos que han ostentado como lema promocional el famoso ?no robo, no miento, no abuso?, ¿qué se puede esperar de la palabra de cualquier legislador?

Esas fueron las dudas que se crearon en torno a la presunta responsabilidad de diputados del FRG en la supuesta alteración de la ley. La forma como actuó la Corte Suprema de Justicia, al haber encontrado suficientes elementos de duda, contribuyó a que se generaran expectativas acerca de la correcta aplicación de la ley, pero para infortunio del estado de Derecho, la historia es otra. Una vez más ha quedado el amargo sabor de un proceso que parece viciado, principalmente por el ente que se supone debe demostrar capacidad, honestidad y profesionalismo en la investigación.

A la luz de lo ocurrido, el FRG no debería cantar victoria. Más que perder tiempo en creer que todo le ha salido bien, merecería una profunda y seria reflexión respecto de su desempeño, para comprender que la mala reputación que se ha creado no sólo obedece a la supuesta alteración de la Ley de bebidas.

Baste decir que un pequeño inventario de arbitrariedades le diría a los diputados oficialistas, inequívocamente, que cada paso que dan los convierte en sospechosos y, por ende, en culpables, ante la opinión pública, de todo tipo de desmanes.

Como reza el viejo refrán popular, ?del cielo a la tierra no hay nada oculto?. Así que no hay necesidad de que el diputado Soto Arango pierda su tiempo en desviar con cinismo la responsabilidad partidaria de una gestión mediocre, arbitraria y discrecional, al atribuir todos las deficiencias a campañas de desprestigio. Como siempre, hace falta seriedad.