Dificilmente se podria negar que uno de los papeles institucionales más controversiales, ejercidos como parte del proceso de transición política que experimenta el país, le ha correspondido a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala, MINUGUA. Con una opinión dividida respecto de su funcionamiento, informes y pronunciamientos, el balance de sus aportes o desatinos jamás podrá ser objetivo. El equilibrio entre verificación y diplomacia, siempre ha sido su peor lastre.

Una visión retrospectiva nos permitiría valorar su papel de mejor forma, pues como si el tiempo se hubiese pasado, la Misión ha acumulado siete años de presencia en el país. La petición que le fuera formulada al Secretario General de Naciones Unidas, luego de la firma del Acuerdo Global Sobre Derechos Humanos, en marzo de 1997, constituyó un avance cualitativo en términos de voluntad política.

La constatación del fiel cumplimiento de los compromisos adquiridos en aquel acuerdo significó el primer paso sólido para lograr el silencio de las armas.

No obstante, más allá del trabajo de certificación, en materia de respeto a los Derechos Humanos, la Minugua vino a desarrollar un papel más polémico aún. Para una democracia emergente, la transición política desde una cultura autoritaria hacia un modelo de sociedad abierta y tolerante, significa, ineludiblemente, una obligada sustitución de valores, actitudes y conductas.

El reemplazo de los añejos patrones de ejercicio del poder de forma arbitraria, aunado a la lucha por concienciar respecto de derechos ciudadanos, sigue siendo un desafío social permanente.

La mediación en conflictos laborales, de tierra o reasentamiento de poblaciones desarraigadas le dio un papel de primer orden a la Misión. La asistencia para que se pudiera encontrar soluciones a una gran diversidad de problemas a través del diálogo y negociación ha sido un significativo soporte para la desactivación de esa animosidad de intransigencia que ha prevalecido en las relaciones sociales en el país. Sin embargo, la acumulación de frustraciones también alcanza a esa representación específica de la ONU.

En este punto hay que detenerse obligadamente, para hacer ver que como parte de la transición, las expectativas generadas por la Minugua le llevaron a experimentar el mismo fenómeno que aún mantiene agobiada a la Corte de Constitucionalidad, al convertirse en paño de lágrimas de cuanto sucede en el país.

El problema en el caso de la Misión se traduce en una actitud que muchas veces ha sido juzgada como ambivalente, toda vez que se hace imposible asumir una postura de verificación, con toda la seriedad que el caso amerita, si se pretende quedar bien con sectores, grupos de presión o con el mismo gobierno, de acuerdo a particulares circunstancias.

Si la dirigencia de Minugua no comprende ese dilema en toda su dimensión, fácilmente se encontrará con que en lugar de sembrar para cosechar un auténtico cambio de orientación democrática, estará enviando ese mensaje disfuncional que carcome la institucionalidad del país. La verificación no puede tener excepciones, sean éstas de orden económico, cultural, social o político, en el ámbito particular u oficial.

No se puede salir diagnosticando la existencia de un ?apartheid de hecho?, con alto grado de ?convicción?, por ejemplo, y contradecirse en actitudes con el tratamiento de una denuncia de abuso de poder, porque ésta involucra al vicepresidente de la República.

El contrasentido así resulta ser más que obvio, pues ese tipo de ambigüedades no contribuye a respaldar y fortalecer el ejercicio de funciones que en materia de Derechos Humanos tienen asignados el Organismo Judicial, el Procurador de los Derechos Humanos y el Ministerio Público. Así lo establece el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos.

Si en algo se ha estado de acuerdo, casi en forma generalizada, respecto de las inmensas necesidades que tiene el sistema para asegurar su funcionamiento, es en promover la adopción de todas aquellas medidas que impulsen el fortalecimiento institucional. Desde esa perspectiva, la transparencia y honestidad resultan ser condicionantes irrenunciables.

¿Verificación o diplomacia? He ahí el dilema.