No me queda duda, que uno de las mejores enseñanzas que he experimentado en la vida, ocurrió en las aulas universitarias. La experiencia de haber sido alumno de Armando de la Torre, en su difícilmente igualable cátedra de Lógica y Retórica, me permitió descubrir un mundo en permanente conflicto. ¿Razonamiento o verborrea? ¿Realidad o ficción?

La incursión a toda una metodología de pensamiento que nos proporciona la lógica, se convierte en un valioso activo para ver más allá de lo que nos permite nuestros sentidos. De ello se aprende que el verdadero mérito no radica en descubrir lo obvio, sino en develar lo oculto.

Por el contrario, la retórica nos envía al mundo del surrealismo. El debate de ideas y propuestas o la necesaria justificación de acciones, normalmente se encuentra plagada de falacias. La enajenación que se sufre cuando se pone en práctica ese arte de darle a las palabras el poder de deleitar, persuadir y conmover, deja de lado la razón.

En política, este conocimiento tiene un valor potenciado, con mayor razón, si se toma en cuenta que el futuro depende de los aciertos o desatinos del momento. El quehacer político es un permanente campo de maniobras en el que la lucha entre lógica y retórica, hace la diferencia entre lo que es y lo que aparenta ser, entre la verdad y la manipulación.

Eso permite abordar uno de los temas de mayor controversia, precisamente, el que se refiere a la actividad desarrollada por la actual legislatura.

No hay que olvidar que para América Latina, el concepto positivista de la ley ha constituido un lastre que impide mantener un rumbo claro. La construcción de sistemas normativos estables sigue siendo una utopía. La razón fundamental es que quienes son electos para desempeñar una función legisladora, no están imbuidos del espíritu del Derecho, sino de la creencia en el decreto. 

Eso hace la profunda diferencia entre el estado de Derecho y el estado de Legalidad. La ley entonces, deja de asumir su sentido de ser fuente de Derecho para pretender convertirse en el Derecho mismo.

Bajo esa aberración conceptual, el criterio del legislador se orienta al desempeño de una función que pretende regularlo todo, no en función de formalizar costumbres para imponer límites al ejercicio del poder, sino en dirección contraria, convirtiéndose en un reflejo del poder. No es la ratificación de derechos inalienables que el hombre descubre, sino la imposición de obligaciones con que el legislador restringe esos derechos.

Pero hay algo peor que eso. Ignorar que cuando el costo excede al beneficio, la ley pierde su calidad de legitimidad, aunque la haya producido un ente soberano, como lo es el Congreso. A Juan Bautista Alberdi, se le atribuye haber dicho que una ley que no es reconocida como propia, no es ley, sino arbitrariedad.

Ahora que la Corte de Constitucionalidad ha dado un dictamen aleccionador al FRG, al resolver que la aprobación de las leyes financieras necesita de mayoría calificada, tal vez sea el momento para que enderece el rumbo, deje de lado la retórica y sustente su desempeño legislativo sobre la base de la lógica y el sentido común.

Si el FRG consultara con todos aquellos que pueden salir afectados; si en lugar de imponer su mayoría simple se pusiera como meta el logro de consensos; si no perdiera el tiempo en desgastarse en una absurda confrontación, seguro que el ambiente del país sería otro. Si se actuara con lógica, no sería necesario refugiarse en la retórica.