Sinceramente, habria que confesar que no dejó de sorprender el contenido de los precipitados comunicados de los secretarios generales de la ONU y OEA, respecto del paquete de propuestas presentado por los conciliadores para tratar de solucionar el diferendo con Belice. Más aún, cuando al analizar el lenguaje utilizado por tan ilustres personajes, se daba por hecho que la sola publicación de las propuestas podría significar el fin de la controversia.

¿Exceso de entusiasmo? La realidad es que esos términos de expresión tan sólo evidenciaron los propósitos de una receta que más pareciera que pretendía convalidar lo que de hecho es una realidad: La defensa de los intereses del vecino país, no dejó ninguna duda, como tampoco la dejó, el hecho de que ni siquiera por deferencia se hubiesen considerado las justas reclamaciones de Guatemala.

Y no era para menos, pues la posición de los conciliadores al final fue reveladora. Baste decir que el peor balde de agua vino de quien se supone había sido contratado para tratar de defender los intereses de Guatemala como conciliador. La opinión de Paul Reichler fue devastadoramente cínica, para hacernos comprender una realidad ante la cual poco podemos hacer como país.

Expresar criterio adelantado sobre las posibilidades de recurrir a una corte internacional para resolver en definitiva el diferendo, mostró de cuerpo entero la componenda. No será a través de una sucia como indigna propuesta como debamos poner fin a un litigio territorial, que no tiene nada que ver en contra de la libre determinación de los pueblos, derecho plenamente reconocido a la población beliceña por las naciones del mundo, incluyendo a Guatemala.

Importante será que se defina, por parte del liderazgo político nacional, cuál es el camino de dignidad que el país necesita seguir. Porque es preferible agotar las instancias jurídicas, para saber si en algo nos asiste la razón con los derechos territoriales que históricamente Guatemala, ha invocado.

Cierto es que hemos llegado a la sumatoria de vanos intentos y múltiples errores cometidos en el tratamiento de ese tema, pero eso no implica que se abandone la postura de reclamación territorial. Es mejor seguir el recorrido de la instancia jurídica internacional, aunque sea largo y costoso, que jugarse un albur político sobre el que posteriormente pese responsabilidad moral.

Y no es porque se deba invocar falsos nacionalismos, pero tampoco actuar bajo premisas de un pragmatismo que pretende que se vea hacia otro lado, para dejar que el tema se muera por inercia, mientras aceptamos la culpabilidad de nuestras miserias e incapacidades para mantener lo poco que somos. Por eso es que a pesar del resultado adverso y en honor a la buena intención con que se ha actuado, que el Gobierno de la República no está obligado a rubricar un paquete de propuestas que representa una burla para el país.

Para la posteridad, y en aras de que las nuevas generaciones valoren el porqué de la mutilación de una porción del territorio nacional, es que se debe evaluar la presentación del diferendo a una corte internacional.

Así se podrá ventilar con mayor profundidad, hechos históricos que representaron compromisos entre dos potencias colonizadoras (España y el Reino Unido), que no se hicieron valer hacia sus territorios coloniales, situación que devino en una permanente defraudación para Guatemala desde su independencia.

La independencia de Belice desde el punto de vista de su sociedad no tiene ninguna objeción, pero hasta tanto no se resuelva el diferendo, esa independencia no estará concluida. Se necesita hacerla valer desde el punto de vista territorial. Para ello, nada mejor que el veredicto de una corte internacional.