La constante practica política pone inevitablemente en evidencia las grandezas y miserias de las instituciones, así como de sus actores. En ese sentido, los continuos vaivenes que suele proyectar la actividad legislativa en el Congreso de la República han sido reveladores para que se logre comprender las deficiencias que asolan a ese alto organismo del Estado.

Se hace inevitable abordar esa situación, debido a que la dinámica legislativa tiene una alta incidencia en la formación de políticas públicas.

Demás está decir que, en este caso, la atención sobre esos aspectos deviene del efecto potencial que se calcula puede tener cualquier ley promulgada sin el suficiente criterio técnico. Peor aún cuando se acusa como deficiencia principal la ausencia de un concepto de Estado.

Visto así, preocupa que la falta de claridad en los planteamientos sugiera la inexistencia de un proyecto unificado. Si un partido con mayoría parlamentaria no es capaz de diseñar una agenda legislativa moderna, coherente y visionaria, que sea congruente con la realidad del país, el marco jurídico en el que se desenvuelve la sociedad no tendrá consistencia ni mucho menos certeza.

Sale esto a colación como consecuencia de dos iniciativas de ley que

provienen del mismo partido, pero que se contradicen una a otra.

Por un lado, la Ley de Investigación Criminal, que pretende socavar la institucionalidad del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil, con repercusiones aberrantes para el sistema de investigación.

Por el otro, la iniciativa que plantea reformas a la Ley del Organismo Ejecutivo, para crear el Ministerio de Seguridad Pública.

En el centro del debate, se encuentran en juego dos temas fundamentales: La modernización del sistema de justicia y la seguridad del país. En ambos casos, se hace necesario accionar sobre la base de conceptos claros, que favorezcan el fortalecimiento institucional. En otras palabras, unificar criterios para abordar la problemática de forma integral. No hacerlo significa insuflar más confusión e incertidumbre al ordenamiento jurídico del país, pero sobre todo, romper con procesos de desarrollo y consolidación.

Pero el verdadero problema no se encuentra en la presentación de iniciativas de ley con suficientes enredos, producto de un alto grado de confusión conceptual. Más que ello, es la falta de un rumbo temático claro el que hace pensar que el país está sujeto más a ocurrencias particulares de diputados que a un proyecto unificado de partido.

Sin juzgar si esto es producto de limitaciones intelectuales, ignorancia o mala fe, a estas alturas está claro que la actual legislatura sigue haciendo gala de gravísimas carencias.

Esto es lo que se demuestra con la puesta en el tapete de las dos iniciativas de ley ya aludidas.

La controversial Ley de Investigación Criminal ha sido cuestionada por los oscuros intereses que encierra, pero el proyecto de reformas a la Ley del Organismo Ejecutivo, que pretende la creación de un nuevo ministerio, demuestra que aún no se ha podido rebasar estrechos criterios ya rebasados. ¿Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana?

Esta ocurrencia, no sólo no plantea nada nuevo, sino también nada viable en momentos en que el Estado atraviesa por una aguda crisis financiera.

No tiene sentido plantear el aumento de la burocracia estatal cuando el camino es en sentido contrario, hacia el desarrollo de una tecnocracia eficiente, profesional y duradera.

Guatemala necesita definir sus políticas públicas en materia de seguridad, sobre la base de una agenda ampliamente discutida con la sociedad. La legislación por sí sola no cambia nada.

Ante tanta confusión conceptual en el Congreso, tal vez haga falta obsequiar al partido oficial una Rosa Náutica, para que sea distribuida entre sus diputados. Tal vez ese instrumento de navegación, que señala rumbos en 360 grados, les permita tomar una dirección definida, coherente y, por supuesto, unificada.