¿Optimismo, duda o estupor? ¿Cuál es la reacción que provoca el hablar de diálogo en Guatemala? Para una sociedad poco acostumbrada al intercambio libre de ideas y la adecuada valoración de sus resultados, la pregunta puede tener muchas respuestas. Todo depende de las características que presente el escenario o de las intenciones que proyecte el grupo social o institución que convoque.

¿Realidad o farsa? Esa es la disyuntiva que se presenta en la actualidad al presidente Alfonso Portillo, el FRG y sus jerarcas, pero, sobre todo, a la sociedad organizada que converge en el Foro Guatemala, ahora que se ha planteado la posibilidad de reconocerla como un interlocutor valido por parte del Gobierno. ¿Transparencia o intenciones veladas? ¿Intereses nacionales o proyectos particulares?

Valga decir que la comprensión de esa situación se convierte en un factor de primer orden, toda vez que es necesario definir la viabilidad de cualquier intento serio de discusión. La falta de entendimiento del ambiente o la imposibilidad de delimitar con precisión el campo de maniobras se puede traducir en un ejercicio inútil que devele una tremenda ingenuidad o bien una arrogancia inadmisible por parte de la organización social y sus líderes.

La apreciación sensata respecto de actores, condiciones y circunstancias facilitaría la apertura de ventanas para establecer, de mejor forma, la factibilidad real de cualquier encuentro. Sin ello, lo demás sería superficial o anecdótico. Como consecuencia, un acuerdo previo podría sentar las bases rectoras de cualquier diálogo, al establecer a dónde se quiere llegar y con quiénes se puede hablar.

El punto de apoyo para tal propósito radica en comprender que el diálogo, en esencia, involucra una permanente contraposición de visiones; en especial, cuando se pretende influir en la toma de decisiones del Organismo Ejecutivo o la agenda legislativa del Congreso. Si no se tiene clara la naturaleza del poder, el criterio particular del partido gobernante y el sello personal de sus líderes, las propuestas provenientes de la sociedad podrían ser vistas vistas como una pintoresca carta a Santa Claus.

Desde su esquina, la autoridad siempre se escudará en que el ejercicio del poder deviene de un legítimo e indiscutible sustento: su delegación obtenida por medio del voto popular a través de una justa eleccionaria. En sentido contrario, desde la sociedad organizada, se reclamará el derecho de fiscalizar, neutralizar, incidir o, en el mejor de los casos, participar en el proceso de toma de decisiones.

Se podrá argumentar, entonces, que la situación del país es angustiante y que, como consecuencia, es necesario dialogar, para encontrar salidas. Sin embargo, la lógica de poder expresada hasta ahora por el FRG hace ver que ni el partido ni sus dirigentes se sentirían obligados a aceptar las recomendaciones provenientes de una amplia mesa de discusión, mucho menos cuando se le pretende dar un carácter vinculante. ¿A cuenta de qué se tendrían que sentar a discutir una agenda que les es ajena, Alfonso Portillo, Francisco Reyes y Efraín Ríos? ¿Acaso no fueron ellos quienes ganaron las elecciones?

Desde esa perspectiva, la viabilidad de un diálogo sólo podría establecerse a partir de la obtención de un nivel mínimo de compromiso. Sin agotar esa condición, ni siquiera vale la pena presentar credenciales. Después de tanta palabra que no ha sido honrada, esa es la medida justa. Sin ella, aunque la sociedad crea que no vive anestesiada, seguirá siendo víctima de sus propios sueños convertidos en retórica y, además, de la eterna demagogia.