La razón fundamental para ese movimiento de opinión es que el encarecimiento citado niega a la población el derecho humano de acceso a los medicamentos. Y algo más: afecta a pacientes de escasos recursos, tradicionalmente carentes de poder de compra, agobiados todos los días por el alza de precios de los alimentos y otros problemas sociales que calan profundamente en sus vidas y obstaculizan su desarrollo.

No es solo nuestro ese problema, suele decirse; es mundial. Y es cierto, tanto que desde hace tiempo forma parte de la agenda de diversos órganos y agencias de las Naciones Unidas, lo que ha motivado a muchos países a ocuparse con urgencia de esos asuntos.

En el 2013, en un día aparentemente como otros, en Londres, capital del Reino Unido, varios investigadores policiales allanaron el local de una distribuidora de productos médicos y encontraron miles de pastillas provenientes de países asiáticos. Eran medicinas falsas, adulteradas, simuladas o con etiquetas fraudulentas. El dueño del negocio fue procesado y condenado a ocho años de prisión. Se trató de un episodio sorprendente, divulgado después con abundancia de datos por las agencias de noticias internacionales.

No fue el primer desmantelamiento de un centro de operaciones ilegales dedicado a vender sustancias con apariencia de medicamentos, que dañan o matan a las personas. En numerosos países, antes o después de aquel hecho, las autoridades han emprendido acciones que van desde acciones policiales hasta la emisión de leyes y acuerdos gubernativos destinados a la protección de la salud de sus poblaciones.

En la República Dominicana, por ejemplo, fue creada oficialmente una Comisión Interinstitucional para la Prevención y Combate de Medicamentos Ilegales, no obstante la existencia y funcionamiento de una Comisión Presidencial de Política Farmacéutica Nacional.

No se trata de problemas exclusivos de pocos países; es de muchos, por lo cual la Organización Mundial de la Salud , de la que Guatemala forma parte, ha entrado en acción.

En su sitio oficial ha informado y prevenido, desde varios años atrás, que los medicamentos espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación son medicamentos en cuyas etiquetas se incluye, de manera deliberada y fraudulenta, información falsa acerca de su identidad o procedencia.

Las consecuencias de usarlos pueden ser el fracaso terapéutico o la muerte.

La circulación o detección de medicamentos espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación —añade la OMS— “puede erosionar la confianza del público en los sistemas de salud”, por lo que está en interés del Estado y de las entidades privadas relacionadas con la producción, distribución, venta y uso de medicamentos, ocuparse del problema. Compete el asunto también a los hospitales y sanatorios no oficiales.

Las falsificaciones afectan no solo a los de marca registrada, sino también a los genéricos, desde los que se usan para tratar enfermedades que ponen en peligro la vida hasta analgésicos y antihistamínicos de bajo precio. Las investigaciones a nivel mundial indican que los grandes centros de fabricación de medicamentos espurios o adulterados no son gubernamentales, sino privados e ilegales. La mayoría está en Rusia, China y la India.

Lo cierto es que muchos medicamentos utilizados en centros de salud oficiales de Guatemala provienen de la India, según lo escrito en los empaques, lo cual no significa que sean falsos o adulterados, pero cuál es el motivo para traerlos de tan lejos, cuando podrían comprarlos en los Estados Unidos, donde funcionan confiables sistemas de control de calidad. Ese es el problema.