Las personas asistentes ayer a las instalaciones del Ministerio Público a la presentación del noveno informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala reconocieron con un emotivo aplauso de más de un minuto la labor desempeñada en un tiempo relativamente corto por el comisionado Iván Velásquez.

Ninguna persona antes había logrado estremecer los complicados laberintos de un sistema corrompido, penetrado hasta la médula por una serie de estructuras criminales y además resistente al cambio, pese a las evidencias conocidas hasta ahora en torno al latrocinio perpetrado por docenas de políticos a su paso por las instituciones públicas.

La Cicig es una entidad sui géneris, nacida a solicitud de Guatemala para atacar de manera efectiva y ejemplar altos niveles de corrupción y crimen presentes en un alarmante número de entidades. Debieron pasar previamente dos comisionados unificados por no haber podido o querido entender su responsabilidad para tomar conciencia de un reto ineludible para Guatemala, porque era peor para el país quedarse de brazos cruzados.

Las credenciales con las cuales llegó al país el comisionado Velásquez permitían vislumbrar un cambio de rumbo en la conducción de la Cicig, lo cual ocurrió, por fortuna, y con ello se le dio paso a impresionantes capturas de altos funcionarios del gobierno del Partido Patriota, que llegó a ser incluso válidamente calificado como una estructura montada para asaltar el Estado.

Ese fue uno de los momentos cumbre de la entidad y sus constantes embates contra la corrupción lograron alentar en las calles la protesta de miles de guatemaltecos en contra de la corrupción, una demanda que llenó plazas y obligó a la renuncia y luego encarcelamiento de ministros patriotistas y de los principales cabecillas de ese Gobierno, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, hoy en prisión.

Esa lucha no ha sido fácil. Ha implicado un enorme esfuerzo de investigadores, tanto de la Cicig como del Ministerio Público, donde ha existido un ejemplar respaldo para reforzar el mensaje de ponerle freno a la corruptela, sin bajar la guardia por los constantes ataques provenientes de agrupaciones y redes sociales al servicio de otras causas menos identificadas con los genuinos intereses nacionales.

Los aplausos concedidos ayer al Comisionado son merecidos. Pero ese reconocimiento debe ser mucho más amplio, porque incluso cuando Velásquez habla lo hace con la mayor vehemencia y convencimiento de que su labor es crucial para el futuro de miles de guatemaltecos. Algo queda claro, ninguna nación puede avanzar hacia el progreso si hay gente inescrupulosa en cargos de los cuales se abusa de manera irresponsable.

Es correcto su criterio de que si Guatemala quiere construir un futuro donde prevalezca el bien común, debe eliminar la corrupción y los ciudadanos levantar sus voces y decir sí al cambio. Esto plantea un reto, sobre todo para quienes ejercen cargos públicos desde los cuales se puede marcar la diferencia entre un Estado fallido y uno que se rebela contra sus captores.