NO EXISTE UN SOLO ASUNTO de la vida nacional que no requiera ayuda extranjera.

La cooperación internacional es por ello una necesidad mundial que ha tenido varias expresiones notablemente visibles. Una es la creación de la Organización de las Naciones Unidas, de la cual Guatemala recibe beneficios múltiples y, en cambio, no aporta nada, ni siquiera ideas.

Y no obstante la fenomenal y buena organización de la ONU, los países más atrasados de la Tierra, entre los cuales se cuenta el nuestro, corren prestos a firmar convenios, tratados y acuerdos regionales o bilaterales para que la iniciativa y creatividad foráneas los ayuden a salir de apuros eternos y sin posibles soluciones locales.

Guatemala obtiene permanentemente ayuda —sin obligación de devolverla— para reponerse de daños causados por desastres naturales, para el desarrollo del comercio, la cultura, la educación, la lucha contra el hambre, la deforestación, la desertización, y para otras necesidades más.

Y en los últimos años recibe ayuda para intentar combatir las varias clases de criminalidad que mantienen en constante zozobra y luto a la población.

Una forma notable de ayuda por parte de las Naciones Unidas y de numerosos países en particular es la creación y funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada no porque la ONU quiera meter indebidamente sus narices en los asuntos internos de nuestro país, sino como respuesta a solicitudes formuladas por el Gobierno de Guatemala, en un período anterior. Es sostenida con donaciones extranjeras y nuestro país aporta financieramente poco o nada.

La CICIG ha puesto al descubierto que uno de los principales focos de criminalidad es el Estado. Presidentes, ministros, directores y empleados menores se ven envueltos en hechos criminales; algunos jueces y magistrados son sospechosos de vender la justicia o de someterla al imperio de los detentadores del poder político; legisladores, alcaldes y policías son frecuentemente atrapados en el ejercicio siniestro de homicidios, malversaciones y otros hechos parecidos, tipificados claramente en la legislación penal.

Y por encima de todo eso, un Ministerio Público que nunca termina de ser depurado, aunque necesario es reconocer el esfuerzo que en esa materia hace, a su turno, el Fiscal General de la República. En unos casos menos; en otros, más.

Sin descartar algunos hechos de delincuencia detectados en funcionarios del servicio exterior, como un embajador atrapado por la Policía en Nueva York cuando transportaba droga en la valija diplomática.

En medio de ese ambiente desolador, que pone al descubierto una vez más que el Estado guatemalteco carece de recursos humanos, técnicos, monetarios y hasta morales, para reducir el oleaje criminal, y mucho menos para extinguirlo, se pone artificiosamente al tapete de la discusión pública si conviene la prolongación de las funciones de la Cicig.

Los sondeos de opinión desarrollados por varias entidades indican que la población es mayoritariamente favorable a la prórroga del funcionamiento de la Comisión. Unas pocas voces se alzan oponiéndose.

Pero, con sondeos de opinión o sin ellos, es un deber elemental del Estado guatemalteco velar por la seguridad de los guatemaltecos y promover un clima de paz social, como se lo ordena la Constitución Política de la República, la cual dispone taxativamente que “Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”.

Es un mandato irrenunciable para todo funcionario público. ¿Es necesario explicarlo?

La Cicig debe seguir. No solo por guardar las apariencias y evitar el choteo ante la comunidad internacional, sino porque es una necesidad interna.