Ante la tragedia, de inmediato surge el tema del control de armas. Un mecanismo que, de ser implementado, podría reducir la posibilidad de que se produzcan estos actos escalofriantes contra personas inocentes. Entonces, salta a la palestra la NRA (National Rifle Association), poderosa organización cuyo fundamento filosófico es la Segunda Enmienda constitucional, la cual reza: “Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido”.

De acuerdo con algunos estudiosos del tema, esta enmienda protegía en su momento (1791) el derecho de los Estados a poseer una milicia propia para defensa de su territorio en la época postrevolución. Esto, por supuesto, no significaría que cualquier ciudadano pudiera tener las armas que quisiera y usarlas a discreción, sino evitar dejar a los Estados a merced de otras fuerzas en un período influido por las revueltas populares al estilo de la Revolución Francesa. Muchas son las interpretaciones que han dado defensores y opositores a este derecho constitucional. La realidad es que aun cuando la industria armamentista estadounidense constituye una importante fuente de ingresos para ese país, la protección de la vida de sus ciudadanos es una obligación fundamental y debería prevalecer.

El marco regulatorio en Estados Unidos permite a cualquier ciudadano poseer armas, excepto convictos y enfermos mentales. De ese modo y con la reafirmación cultural del concepto de heroísmo, personificado en soldados y vaqueros diestros en el uso de armamento de alto poder, el belicismo es casi una expresión del más alto patriotismo.

Muy distinta es la situación en Guatemala, cuyas cifras de muertos por proyectil de arma de fuego son proporcionalmente mayores que las de Estados Unidos. En este país, el control de armas es más que precario y gran parte de las que circulan por las calles es ilegal, sin licencia ni registro.

Incluso se supone que muchas de las armas legales —aparte de las pertenecientes a las fuerzas de seguridad— se encuentran en manos de organizaciones criminales. Otras están en poder de empresas particulares de servicios de seguridad cuyos elementos son, por lo general, individuos mal pagados y carentes de entrenamiento.

En este tema del control de armas hay, como puede deducirse, intereses cruzados. Unos políticos y otros económicos. La discusión, tanto en Estados Unidos como en Guatemala, no terminará en acuerdos razonables mientras no prevalezca en los círculos de poder la idea de que el pueblo está primero y cada vida humana debe protegerse como lo ordenan la Constitución y la ética.