Se dice en pasillos, redes sociales y oficinas que la corrupción viene tocando al deporte guatemalteco desde hace un buen tiempo, y no veo por qué no aprovechar el momento político para comenzar a limpiar también ese cuarto de la casa. Además, no solo la coyuntura nacional es propicia: hasta el presidente dimisionario de la Fifa, Joseph Blatter, y el presidente de la Uefa, Michel Platini, de las grandes ligas del futbol mundial, están en la mira de la justicia.

Por ello, hay que advertir sobre una iniciativa de ley peligrosa en el ámbito del deporte que podría ser aprobada en el Congreso guatemalteco sin que nos demos cuenta. La iniciativa se llama Ley de Creación de Fundaciones para el Fomento, Financiación y Seguimiento de Deportes de Alto Rendimiento, identificada con el número de registro 4538. El martes 6 de septiembre esta iniciativa de ley fue incluida en la agenda del Congreso, pero ya el 18 de septiembre del 2014 había sido dictaminada favorablemente por la Comisión de Deportes del Congreso de la República.(http://old.congreso.gob.gt/uploadimg/archivos/dictamenes/1417.pdf)

Su propósito es lograr privilegios fiscales injustificados para ciertas empresas, usando como caballito de batalla a ciertos atletas guatemaltecos que esas mismas empresas, discrecionalmente, elegirían como sus favoritos. Podría ser que un atleta de Alta Verapaz no fuera considerado igual que un capitalino, pero estoy especulando. Me cuentan que la primera versión de esta iniciativa contemplaba para los beneficios de exenciones fiscales la condición de “vitalicios”, lo cual habla de lo leoninos que pueden ser estos negociadores empresariales junto a sus socios políticos cuando se lo proponen.

A todas luces, esta es una propuesta perversa y carente de toda buena intención. El título de la misma suena hasta atractivo por el tema del apoyo a los atletas guatemaltecos de alto rendimiento, pero debajo de esta maquilladita lo que se pretende es lograr privilegios fiscales abusivos, recurriendo a las mañas de siempre: crear fundaciones que le limpian la cara a la evasión de impuestos. De los 11 artículos que componen dicha iniciativa, la mayoría hablan de crear y normar exenciones de impuestos con características inaceptables e injustificadas, que rayan en la categoría de excesivos privilegios fiscales. Hablan de exenciones de varios impuestos, pero solo para fundaciones creadas por entidades de más de 10 años de antigüedad y con enormes capitales. Si alguien le “regala” dinero a estas fundaciones estarían autorizados a rebajar su impuesto sobre la renta (crédito), hasta por medio millón de quetzales. Y, como repito, la selección de atletas sería potestad exclusiva y discrecional de las fundaciones. Esas exenciones generarían cuantiosas pérdidas de ingresos fiscales para Guatemala, que bien podrían invertirse en salud, educación y mucho más.

Más allá de esta iniciativa de ley, imposible olvidar la innumerable cantidad de noticias y datos que reflejan los malos manejos en la ejecución de fondos públicos del Comité Olímpico Guatemalteco, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y la Federación de Futbol, entre otras entidades del deporte. Pero si sumamos una ley como esta, el agujero fiscal se ampliaría más allá de los ámbitos del deporte federado y el Comité Olímpico Guatemalteco. Además, no quisiéramos que se usara a los atletas guatemaltecos para que las grandes empresas dejaran de pagar impuestos, y además salieran con cara de buenas. Por lo tanto, no solo es un tema de ética y legalidad, sino de dignidad.

Si la Cicig y el Ministerio Público decidieran entrarle también al deporte, a lo mejor encontrarían que el Estado mafioso está más enraizado de lo que creíamos. Y sería una pena, sobre todo porque cuando pienso en el deporte, me recuerdo de aquella frase que se decía mucho en Guatemala cuando yo era pequeña: “Un deportista más, un criminal menos”.

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