Salud vuelve a la palestra. Hace unos días, el personal médico hospitalario exigió al gobierno que se atienda su demanda de incremento salarial. Por si fuera poco, el procurador de los Derechos Humanos puso el dedo en la llaga de varios egos cuando dejó en evidencia las condiciones en que día a día se atiende a la población en el Hospital General San Juan de Dios.

No importan los shows mediáticos que emprendan las autoridades de antes o de ahora; no hay remiendo que aguante cuando se coloca en tela tan raída como la red de servicios públicos de salud. El problema de fondo es de muy larga data. De hecho, el MSPAS ha estado subfinanciado casi desde su concepción y la expansión de los servicios públicos de salud siempre ha tenido en contra el paradigma médico dominante, entre muchas otras cosas. No obstante, la coyuntura próxima del deterioro actual de la red de servicios de salud se puede trazar a 20 años atrás, cuando se acelera la privatización de bienes públicos y el desmantelamiento del Estado durante el gobierno de Álvaro Arzú, y continuado en gobiernos posteriores.

El programa de “reforma de salud” de ese entonces contemplaba la privatización de la gestión de los hospitales públicos, y eventualmente el cobro sistemático por servicios. “Prohospital” fue un fracaso: A ningún inversionista privado le interesó hacerse cargo de revitalizar hospitales públicos que ya para ese entonces —finales de los años noventa— estaban sumamente deteriorados en infraestructura y equipamiento, y siempre con escaso y mal pagado personal. La inversión era simplemente multimillonaria y la probabilidad de retorno económico muy limitada, dado el segmento de población al que se dirigen primordialmente los servicios públicos en Guatemala.

Al final se abandonó el proyecto. Resultó más rentable que creciera la oferta privada de atención médica y hospitalaria. Mantener los hospitales públicos en estado precario pasó de ser un problema, a ser estratégico. La demanda insatisfecha de una creciente proporción de la población, agobiada cada vez más por enfermedades crónicas y de resolución más compleja, ha sido la mejor garantía para la sostenibilidad de la oferta privada de servicios médicos y hospitalarios. De hecho, esta se expandió significativamente durante los últimos 20 años. Las últimas cuentas nacionales de salud muestran que la proporción del PIB la prestación de servicios privados de salud se duplicó entre 1996 y el 2015. Se amplió además su mercado más allá de las tradicionales capas media alta y alta gracias a las remesas, el instrumento financiero más significativo con que ha contado la población durante los últimos 20 años para paliar sus problemas de salud, y al surgimiento de sanatorios y hospitales privados que adaptan su oferta e instalaciones a segmentos más populares del mercado metropolitano y de las cabeceras departamentales y municipales por todo el país.

Por si fuera poco, es un mercado que opera en un marco de laxa regulación y nula garantía de que se está pagando por servicios médicos y terapéuticos de calidad y a un costo razonable. Por tanto, desatar este nudo podrido que ahorca a la ciudadanía, por la falta de un sistema público de salud digno, y acabar con las escenas dantescas que ofrecen cada cierto tiempo las crisis ministeriales, comienza por abordar frontalmente el problema del financiamiento para la salud, lo que incluye romper con los monopolios y cuasimonopolios legalizados que controlan el sistema de abastecimiento de insumos y medicamentos al Ministerio; y para eso, habría que dotar al MSPAS de una verdadera capacidad rectora y reguladora de lo que acontece en el sector.

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