El XI Informe de Labores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se produce en medio de una de las coyunturas más complejas, empezando porque su actual comisionado debió enviar un mensaje grabado a los asistentes a esa presentación, ante el empecinamiento y la arbitraria decisión del Gobierno de prohibir su ingreso al país.

Al respecto, la actual fiscal general, Consuelo Porras, afirmó ayer que el proceder gubernamental es ilegal porque las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad ya dejaron claro que el Gobierno no puede prohibir el ingreso del comisionado Iván Velásquez, pero de lo que no parece darse cuenta la titular del Ministerio Público es que su actitud sigue siendo poco convincente, sin reparar en la enorme responsabilidad que tiene respecto de hacer que se cumpla la ley.

La batalla contra la criminalidad y, en la última década, contra estructuras incrustadas en el Estado, causa de la corrupción, ha evidenciado que para terminar dirigir esa lucha se necesita carácter y voluntad, para asumir el reto de liberar a Guatemala de esas ataduras, y eso no se logrará con actitudes contemplativas, cuando enfrenta un descomunal derroche de recursos para entorpecer todo esfuerzo por combatir la corrupción.

La Cicig surgió como una esperanza para combatir ese flagelo y su trayectoria de poco más de una década ha demostrado que esa tarea es posible, pero que también se deben mejorar procedimientos para acompañar a las instituciones guatemaltecas en esos esfuerzos, para evitar desaciertos que hagan vulnerable esa labor.

La misma trayectoria de la oficina antimafias de las Naciones Unidas deja evidencias sobre la necesidad de su perfeccionamiento, lo cual se puede evaluar simplemente con el recorrido de sus tres comisionados, que demostraron que era necesaria una evolución y un mejor rendimiento en sus responsabilidades, lo cual también se logró, hasta que se tocaron poderosas estructura de poder.

El mayor obstáculo surgió precisamente de las más altas esferas del Gobierno, con el presidente Jimmy Morales a la cabeza, quien ha contado con la decidida colaboración de la ministra de Relaciones Exteriores y del ministro de Gobernación, para obstaculizar el funcionamiento de la Cicig, lo cual no han logrado y en cambio solo han puesto en evidencia que este gobierno no tiene el menor interés en combatir la corrupción ni la criminalidad.

El desacato a resoluciones de la CC y el desmantelamiento de entidades cruciales en el combate de la criminalidad, como la Policía Nacional Civil, son la mejor evidencia de la búsqueda por debilitar al sistema de justicia, esfuerzos en los que también participa la peor legislatura de nuestra historia, promulgando leyes en beneficio de la delincuencia o amenazando derechos humanos consagrados en la Constitución.

En este contexto, el mayor reto para reducirle espacios a la criminalidad recae en el MP, el cual incluso podría ser decisivo para la permanencia de un ente como la Cicig, pero en las actuales circunstancias se percibe más bien un fortalecimiento de las mafias y un debilitamiento de la institución responsable de su combatir la criminalidad que mayor daño le hace al país.