La institucionalidad continúa navegando por aguas escabrosas y por ello no pasa día que no se produzcan eventos que ponen a prueba el andamiaje legal del país. Para hoy está anunciada una nueva manifestación por dirigentes del grupo radical Codeca, y una vez más se teme que esa movilización se convierta en otra jornada de caos, paralización y limitaciones a la libre locomoción, con las consiguientes e inevitables pérdidas económicas.

Codeca, junto a sindicatos y varios grupos comunitarios, argumenta que entre los motivos de su protesta se encuentran exigir la renuncia del presidente Jimmy Morales y de los 158 diputados de la actual legislatura, entre quienes están los 107 que promulgaron y de inmediato abortaron leyes en favor de la delincuencia y la impunidad.

El anuncio movilizó al sector privado organizado, que demanda del Estado garantizar la libre locomoción, y lo ha hecho por la vía de conminar al procurador de los Derechos Humanos para que actúe en beneficio de quienes se verían afectados por una movilización que podría convertirse en otra forma de resquebrajamiento del estado de Derecho.

Si bien el derecho de petición y de protesta están garantizados, las autoridades tienen la obligación de actuar con celeridad para que la libre locomoción no se vea afectada y cualquier protesta no tenga repercusiones lamentables en el sector productivo ni sobre quienes se convierten en víctimas de acciones que se pueden salir de control.

Es lamentable que, una vez más, la parsimonia pública pueda ser motivo de una movilización. Si bien por ahora se ha acudido a las instancias más inmediatas para tratar de minimizar los daños, claramente el país no puede continuar por ese sendero, y quienes tienen en sus manos la posibilidad de evitar esas muestras de malestar deben actuar de inmediato para quitarles argumentos a quienes aprovechan la coyuntura para protestar.

Desde el 2015, las protestas por la inercia gubernamental han sido frecuentes y eso es algo sobre lo que debería trabajarse. Las acciones pasan por actuar con energía ante una nueva movilización que acarrea incertidumbre, pero también obliga a tomar medidas concretas que contribuyan a cambiar entre la ciudadanía la idea de que no se está haciendo nada.

La incertidumbre nacional sobre el panorama económico es patente y lo ratifica la más reciente encuesta del Banco de Guatemala, que refleja claramente que existen dudas entre los empresarios al momento de invertir. Se necesitan acciones certeras sobre campos en los cuales la administración central puede actuar, como es reactivar la inversión pública en todos aquellos sectores en los que incluso se cuenta con un presupuesto asignado.

La Presidencia debe salir de la modorra y dar señales claras de que se apunta al cambio, porque la percepción generalizada es que no se busca cambiar ni mucho menos combatir la corrupción, que ha sido uno de los mayores lastres. No hacer nada puede ser la peor decisión en la coyuntura actual, en la que la parálisis nacional se está convirtiendo en una mayor amenaza para la economía y el fortalecimiento de las instituciones.