No se si usted se ha percatado, pero a mí me han llamado la atención dos circunstancias que suelen aflorar en lo que respecta al área de administración de justicia.

Por una parte, es práctica generalizada que cuando un tribunal competente libra orden de aprehensión en contra de algún personaje de relevancia económica, social o política, súbitamente se enferma de gravedad, lo que amerita su hospitalización, a la vez que se declara inocente de los cargos que se le imputan.

Y por la otra, ocurre a menudo que ciertos acusados de cometer determinados delitos plantean cuanto recurso legal tienen a la mano, para evitar la apertura a juicio. Ahí está el caso, v.gr., de los bancos gemelos, cuyo principal inculpado se ha librado de someterse al debate judicial, mediante argucias; e igual expediente emplearon los militares acusados de ser autores intelectuales del asesinato de Myrna Mack, retardando por años deliberadamente el juicio.

Menciono lo anterior a propósito de un campo pagado publicado por la empresa telefónica Comcel, que ha pedido públicamente al MP y a la Procuraduría General de la Nación que realicen las investigaciones pertinentes, para esclarecer todo lo referente a la renegociación de su contrato con Guatel.

Al margen de que hubiesen o no irregularidades en la suscripción del convenio, es importante este sometimiento voluntario a la investigación y la presentación de la documentación correspondiente, a sabiendas de que podría resultarle perjudicial si no se demuestra la legalidad de la transacción; y es interesante observar que, derivado del caso Comcel-Guatel, han surgido datos reveladores en torno a las condiciones en que funcionan las otras operadoras telefónicas, cuyos contratos merecen ser analizados.

Por ejemplo, Bellsouth, PCS y Telefónica no están afectas a pagar a Guatel por la autorización para explotar el servicio, y la cantidad que cancelan por megahertz es menor que lo que paga la empresa puesta en solfa, cuyo usufructo se limita a un plazo improrrogable de 20 años, mientras que las otras tres operadoras disfrutan de períodos de 15 años, pero renovables por igual término.

Independientemente de lo que resulte de la investigación a que se sujeta Comcel, también es conveniente escarbar en los contratos de las otras operadoras, para que no haya hijos y entenados con diferente trato.

(Al tratar de hacerle una llamada telefónica a cierto sujeto, Romualdo le comenta: se le oye muy lejos. El tipo le replica: es que es un mi pariente lejano).