Los fiscales de la Unidad de Delitos contra Periodistas, los jueces y los periodistas de Suchitepéquez alertaron sobre la imposibilidad de que en el lugar se ventilara, con independencia, seguridad y celeridad el juicio en contra de quienes han sido capturados y los que todavía están bajo investigación por la muerte de los tres periodistas asesinados en ese departamento.

Es de reconocer la decisión asumida por la Cámara Penal de trasladar el proceso al Tribunal de Alto Impacto, en donde esperamos se acelere el mismo para sentar un precedente necesario en relación con los crímenes contra miembros del gremio. Son ya 27 los periodistas asesinados y uno solo de los casos ha llegado a sentencia. Los depredadores de la libertad de expresión están confiados en que el sistema no los tocará, por lo que continuarán acosando a periodistas y comunicadores si no se ponen remedios efectivos para disuadirlos de sus funestas intenciones.

En este primer trimestre, los ataques en contra de periodistas han continuado. El Observatorio de los Periodistas de Cerigua documentó 23 agresiones en todo el país, en los que se incluyen los asesinatos de tres reporteros en Suchitepéquez, ocurridos la tercera semana de marzo; también hubo amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, entre otras violaciones a este derecho fundamental.

Once asociaciones de periodistas departamentales, dos de Alta Verapaz, San Marcos, dos de Huehuetenango, Izabal, Sololá, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa y Chiquimula, promotoras, en el 2012, de la propuesta al gobierno de adoptar un Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales, junto a Cerigua y Unesco, enviaron una misiva al ministro de Gobernación, en la que valoraron la decisión del presidente de la República de trasladar la coordinación del proceso de construcción de dicho Programa a la Instancia de Análisis de Ataques a Defensores de Derechos Humanos, a cargo del Ministerio de Gobernación, espacio en donde confluyen las instancias responsables de la seguridad y la investigación de casos, así como representantes del gremio.

Señalaron que esta medida contribuirá al avance y transparencia del proceso, así como a la incorporación de los periodistas, a quienes van dirigidas las medidas de seguridad en todos los niveles, especialmente la prensa departamental, de la que ellos hacen parte.

Los periodistas le hicieron ver al titular de la cartera que debido a que el tiempo que resta de su administración es corto, le instaron que este proceso agote los pasos correspondientes, en los tiempos prudenciales, en aras de alcanzar el objetivo para el cual hicieron la propuesta, ya que se han perdido vidas en espera de la reacción del Estado y se ha invertido mucho tiempo y recursos en la mesa técnica sin resultados y sin tomar en cuenta a los sujetos de derechos, como son los periodistas y comunicadores.

Los periodistas locales demandan al funcionario que concrete a la brevedad sus declaraciones públicas para que el procedimiento se rectifique, tomando en cuenta el escenario peligroso en el que ejercen, así como las propuestas que hacen en su calidad de sujetos de los derechos que el Programa busca garantizar.

Las decisiones sobre la vida y la seguridad de las personas deben tomarse de manera decisiva e inmediata. Ya se ha perdido mucho tiempo en esa Mesa Técnica, la cual elaboró un documento que debe ser reformulado.

Señor ministro, su palabra está empeñada. No hay que esperar que se presenten casos con consecuencias irreversibles para actuar.

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