Difícil no escribir sobre el Movimiento Cívico Nacional (MCN) y su relación expuesta por el Ministerio Público con los negocios espurios del exministro Sinibaldi y sus huestes. Por supuesto, no es la primera vez que salen a luz estas situaciones donde empresarios y funcionarios públicos; políticos y funcionarios públicos; políticos y empresarios, o bien los tres a la vez, se conectan entre sí en una disfuncional pero bien acompasada danza que asfixia al Estado y le succiona bienes, recursos o termina generándoles privilegios de algún tipo. Este triángulo pérfido constituye la columna vertebral del entramado que mantiene cooptado al Estado, y donde la corrupción es una de sus expresiones más evidentes, pero no la única. Los ejemplos sobreabundan y definitivamente no son materia de un único gobierno, aunque haya uno que lo haya llevado a extremos no vistos con anterioridad. El MP y la Cicig simplemente los han expuesto a la luz pública y, por su mandato, convertido lo que iba “de boca en boca” en casos concretos fundamentados con evidencia.

Lo que hace distintiva esta situación con el MCN es que hasta ahora no habíamos visto un caso que involucrara a una de las entidades de la sociedad civil que tienen estrecho asocio con el sector privado organizado y que mueven su agenda de pensamiento en distintos espacios y para diferentes temas. No se trata solamente de que el MCN recibió “donaciones” de dinero producto de tratos ilícitos entre empresarios y el ministro; sino que, por las declaraciones de Rodrigo Arenas en medios de comunicación, sabemos que el dinero que recibieron del empresario Agüero fue empleado para financiar una campaña orientada a influir en el ánimo electoral de la ciudadanía en contra de un candidato determinado.

Este caso ha hecho evidente cómo se monta la instrumentalización del sentir ciudadano en un contexto electoral, y el papel de instancias que tienen fuertes vínculos con actores de poder, sea este político o económico o ambos, que operan para preservar dichos espacios a toda costa. El problema no es representar o compartir el pensamiento de dichos poderes; cada ciudadano y ciudadana tiene derecho a elegir su opción política y su ideología; el problema es que dichos vínculos no se hagan explícitos previamente para que los ciudadanos tengan opción de decidir con conocimiento de causa a qué se adhieren.

Una de las poblaciones claves para las elecciones recién pasadas fue la población migrante radicada en Estados Unidos. Si bien no podían votar directamente por el candidato de su preferencia, influir en ellos era clave, pues tienen peso suficiente -económico y moral- para orientar las decisiones electorales de sus familiares en Guatemala que sí podían votar. Me pregunto ahora ¿cuántos de estos mecanismos de financiamiento espurio para influir en la opinión de los migrantes se pusieron en marcha también tras bambalinas?

El 2019 se acerca a pasos agigantados; seguramente la maquinaria plutocrática para influir en el electorado ha sufrido un duro golpe, pero ¿será suficiente para impedir que este tipo de prácticas se desplieguen nuevamente durante la campaña que se avecina? Como estamos viendo, la corrupción de dinero engendra corrupción en la política, creando un circuito vicioso insaciable.

No hay otra manera de romper con ello más que tomando conciencia de cómo se tejen estas redes de influencia que manipulan nuestros temores y necesidades. Organizarnos, sin temor de manifestar nuestras posturas políticas, es el siguiente paso a tomar. Ciudadanos informados y organizados es lo único que puede rescatarnos de las fauces de la plutocracia.

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