En los aeropuertos internacionales la Aurora y Santa Elena (“AySE”) se realizan dos tipos de actividades, a saber: las comerciales y las oficiales.  Las primeras incluyen el transporte aéreo de personas y de carga, sus servicios auxiliares, las instalaciones y servicios para los pasajeros y para el público que acude a AySE (como dejar y recibir pasajeros, carga y descarga de equipajes, comida, estacionamiento, alquiler de automóviles, transporte público, tiendas de puerto libre y otras de régimen común, etc.).  Las segundas incluyen la seguridad (tanto en términos del transporte aéreo como de seguridad nacional), la gestión y control de la aviación civil, el control de migraciones, la administración de aduanas, sanidad y el servicio diplomático.

Como ha quedado visto en aquellos países en que se han privatizado los aeropuertos, todas las actividades oficiales pueden realizarse sin ninguna dificultad, independientemente de si las comerciales se gestionan por una empresa privada o por la Dirección General de Aeronáutica Civil. La cuestión más importante, entonces, es si las actividades de tipo comercial estarían mejor en manos de una empresa privada como gestora de AySE. Y, por supuesto, la respuesta puede variar dependiendo de a quién se le pregunte. Así, cualquier persona u organización que actualmente tenga el uso y aprovechamiento de algún espacio para actividades comerciales a un coste bajo, por ejemplo, probablemente opine que no, que lo mejor es dejar las cosas como están. Pero sin dejar de ser relevante la opinión de los usufructuarios, concesionarios o arrendatarios de AySE en la actualidad, más importante todavía es la opinión del público que necesita de los servicios de AySE para viajar, para llevar o traer carga o realizar sus actividades empresariales (como las del turismo, por ejemplo).

Si bien las inversiones iniciales en AySE se hicieron por el Estado y parte de sus gastos se cubren con cargo a los Presupuestos del Estado, ya actualmente muchos de los servicios prestados por AySE se pagan por los usuarios. Al comprar sus billetes, la comida que consumen en la terminal, el estacionamiento, los regalos que quizás adquieran, etcétera, están cubriendo, entre otras cosas, lo que AySE carga a las líneas aéreas, a los restaurantes, a las tiendas de puerto libre, a las bodegas, o a los expendedores de combustible, por usar y servirse de las instalaciones de AySE para sus actividades de negocios. Por consiguiente, queda demostrado que, ya en la actualidad, son principalmente los usuarios y consumidores de todas esas actividades comerciales los que pagan por su coste. Y esa es la condición principal para que proceda y funcione bien una privatización, a saber: que pueda individualizarse al beneficiario de los servicios, para que sea el usuario de los servicios el que pague por ellos.

De ese modo, los demás ciudadanos no cargan con el coste de unos servicios que no emplean (o no tanto como otros) y los que consumen y aprovechan todos esos servicios con mayor intensidad y frecuencia, son los que los sufragan sus costes. Lo ideal sería que, además, se creara un marco legal que permitiera la competencia en este tipo de servicios también, con lo cual el cuadro quedaría completo. La idea es que, sujeto al cumplimiento de ciertos requerimientos y condiciones legales, cualquier grupo de inversores pueda desarrollar un aeropuerto y tratar de atraer la preferencia de los usuarios.

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