El pacto de la impunidad funcionó el lunes pasado. Desde hacía semanas se venía articulando una burda teoría de la conspiración izquierdista, definida en tres pasos: quitar al presidente, hacer a un lado a Jafeth Cabrera y luego entronizar a una supuesta figura de izquierda, con lo que los comunistas habrían tomado el poder que nunca han logrado por la vía de las urnas. La lucha contra la corrupción se había convertido en la toma del poder. En este paquete de subversivos-terroristas, las buenas conciencias habían puesto en el mismo canasto a Iván Velásquez, la Fiscal General, al embajador de EE. UU., Todd Robinson; la comunidad internacional, Codeca, CUC, AEU y exguerrilla. Cualquiera puede alucinar, pero lo más increíble es que diputados, partidos políticos, militares y empresarios se creyeron ese cuento chino creado en mentes ancladas en el anticomunismo más rancio y echaron upas al Congreso.

Fueron 104 los diputados que acuerparon el pacto de impunidad. La mayoría extendió la mano para que el FCN pagara por su voto. También dejó abierta la puerta para que asalten el presupuesto del 2018. Se aliaron diputados acusados de narcotraficantes, contratistas del Estado y con plazas fantasma. Otro grupo de diputados votó por cuestiones ideológicas para detener la supuesta avanzada comunista. Conversé con un diputado de derecha que llegó a decir que Iván Velásquez tiene vínculos con las FARC y que la secretaria general de la AEU es culpable tan solo por su nombre: Lenina. Así está integrado el Congreso, entre corruptos y anticomunistas desquiciados, la más clara muestra de subdesarrollo político. Los legisladores defendieron el sistema de impunidad que les permite hacer lo que les venga en gana. Incluso, tener ahora de rehén al presidente porque pueden blandir el fantasma del antejuicio si no hace lo que le exijan. Pero el mandatario está feliz, sin comprender la magnitud del daño que le ha hecho al país.

Las mentes preclaras del empresariado gritaban que la lucha anticorrupción ahuyenta la inversión extranjera. Ahora que aplastaron la supuesta conspiración comunista tampoco estarán felices. Mario García Lara, exvicepresidente del Banguat, señala que una economía liberada de corrupción atrae inversionistas extranjeros, pero el ataque contra quienes combaten esa lacra genera incertidumbre y ahuyenta al capital foráneo. Cuando el presidente decidió echar del país a Velásquez causó desconfianza. Moody’s Investors Service ve que la prolongación de esa crisis afectará la calificación del país. Además, diputados de EE. UU. han planteado la revisión de la asistencia a Guatemala si Morales insiste en boicotear a la Cicig. Entonces, el mandatario no solo ha quedado más desprestigiado, sino que ahora su sola mención ahuyenta la inversión extranjera. ¿Quién quiere hacer negocios en un país donde el presidente rehúye a la justicia, ataca a quienes lo investigan y está rodeado de corruptos?

Hay otra razón para que Jimmy Morales deje de sonreír. El periódico electrónico Nómada dio a conocer ayer que el presidente recibió un bono del Ejército por Q50 mil, lo cual eleva sus ingresos mensuales a Q200 mil, sin que ese sobresueldo tenga sustento legal. Pero el vocero del Ejército, coronel Óscar Pérez, dijo que de enero a la fecha le han dado ocho bonos, o sea Q400 mil. ¿El presidente es empleado del Ejército para recibir un pago por servicios? No, y tampoco puede recibir fondos de ningún ministerio, lo cual significa que hay algo turbio en este estipendio. Los militares tienen ese dulce encanto de engatusar a los gobernantes con prebendas para sacar más recursos. Eso quiere decir que la nueva política resultó peor que la vieja, porque el presidente no solo se envuelve en la impunidad, sino que se embolsa dinero de un ministerio.