Está por concluir un año turbulento en el cual Jimmy Morales se evidenció como un presidente sin brújula, cuyas acciones obedecen más a impulsos irascibles y fundamentalismos religiosos que a medidas coherentes y racionales. Bien podríamos decir que este ha sido el período gubernamental con menos luces, no solo por la falta de cuadros políticos que le den sustento a una plataforma programática, sino porque el mandatario ha demostrado que no tiene la más remota idea de cómo debería actuar un estadista. De un comediante metido a político que tenía tres promesas básicas: combate de la corrupción, seguridad y servicios básicos, ahora tenemos a alguien que se queja porque las medidas de transparencia supuestamente no lo dejan trabajar y obstaculiza la lucha contra la impunidad.

El enojo es una emoción natural que le sucede a cualquier ser humano, pero lo importante es buscar una solución al conflicto. En el terreno político se entiende que un mandatario, como Jimmy Morales, tendría que tener control de sus emociones y si es necesario acudir a la ayuda profesional para evitar que la ira se convierta en motor de decisiones trascendentales. Cuando los ataques de rabia se asocian a ideas se transforman en un coctel explosivo que afecta el raciocinio. El gobernante quizá estaba acostumbrado a los aplausos cuando fue comediante, pero en su faceta de servidor público está sujeto a la crítica, algo que su ego no puede soportar. Así se observa con sus constantes rabietas cuando los periodistas lo cuestionan.

Los ataques irascibles han llegado más lejos. En la mañana del 27 de agosto, Morales sorprendió al declarar no grato a Iván Velásquez, comisionado de la Cicig, y ordenó que abandonara el país. Ese mensaje fue la respuesta a la solicitud del Ministerio Público y la Cicig de retirarle el derecho de antejuicio para que pudiera ser investigado por financiamiento ilícito de Q6.7 millones cuando fue secretario general del FCN, en el 2015. El berrinche no pasó a más porque la Corte de Constitucionalidad le enmendó la plana, pero a partir de entonces el mandatario estableció vínculos con sectores oscuros que obstaculizan la lucha contra la corrupción. No quedaron ya dudas, el presidente se convirtió en un aliado de la impunidad.

Este año también vimos cómo el mandatario que se promocionó como “ni corrupto ni ladrón” se recetó, a través del Ministerio de la Defensa, el pago de ocho bonos que totalizaron Q450 mil. El presidente que tiene un salario de Q150 mil mensuales, el más alto de América Latina, tuvo el descaro de aceptar un pago extra. Después de tal desfachatez se entendió muy bien la forma de despilfarrar los fondos públicos al conocerse que el gobierno había autorizado un bono de Q3 mil para los maestros, un premio por el apoyo de Joviel Acevedo, el cual nos cuesta Q500 millones. A eso hay que agregar el desvergonzado acuerdo que el Ministerio de Comunicaciones tuvo con la empresa brasileña Odebrecht de finalizar el contrato sin afectar el pago de más de Q477 millones.

La última gracia del presidente Morales fue que en un arrebato de fundamentalismo religioso ordenó el traslado de la embajada de Guatemala en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, algo que ni siquiera los aliados clave de EE. UU., como Reino Unido, Francia o Japón, se atreverían a hacer, porque viola la resolución 478 del Consejo de Seguridad de la ONU, de 1980. Después de esa decisión, el país podría afrontar el cierre del mercado árabe al cardamomo que procede de 45 mil pequeños productores y que genera ingresos por unos US$300 millones. ¿Se dará cuenta Jimmy Morales de las repercusiones que sus medidas pueden significar para el país? Es poco probable, porque ha dado muestras de que es muy limitado para comprender lo dañino que es gobernar por impulsos irascibles y fundamentalismos.

@hshetemul