Es más que discriminación. Es un sistema de apartheid bien estructurado, que hábilmente excluye a la mujer de la participación activa en puestos de dirección en los partidos políticos y en los cargos públicos de mayor responsabilidad.

Esta tradición cuyas raíces provienen de las doctrinas religiosas que establecen la preeminencia del poder masculino, se ha mantenido intacta a través de las generaciones gracias a un cuidadoso y perverso indoctrinamiento, vertido en la mente de niños y jóvenes por los canales de un sistema educativo diseñado para ello.

No es exagerado, entonces, suponer que el inmenso déficit en el acceso de las niñas a la educación, constituye una evidencia clara y rotunda de esa exclusión estructural que tiende a descalificar e inhabilitar a las mujeres en el ejercicio de sus derechos ciudadanos y de los papeles que les corresponde desempeñar en la sociedad.

El carácter patriarcal de una sociedad no se limita, sin embargo, a excluir a la mujer. También se manifiesta en un afán compulsivo por acaparar el poder y por reducir las oportunidades de distintos sectores de la comunidad. Esto se traduce en un desequilibrio general que margina a otros por razones étnicas, económicas, culturales y sociales, generando la polarización extrema entre ricos y pobres, ladinos e indígenas.

La ausencia de participación femenina en los partidos políticos que comienzan a apuntar hacia las elecciones generales del 2003, es un signo inequívoco de que las cosas en Guatemala no tienden a cambiar.

Los dirigentes de los partidos que se preparan para la contienda no han tomado conciencia de que, a menos que abran sus espacios a la inclusión plena y activa de la otra mitad de la población, sus organizaciones no tendrán representatividad ni harán justicia al texto de sus proclamas.

La sociedad, por su parte, debería comenzar a exigir estos cambios para obtener garantía de democratización de las instituciones políticas, ya que será inevitablemente a través de ellas como se logrará corregir el rumbo del destino nacional, y ese objetivo no podrá cumplirse si no se corrigen carencias tan severas y tan determinantes para el futuro del país y del desarrollo cívico y político de la población.

La participación de la mujer en los espacios políticos no es una concesión graciosa ni un motivo de orgullo para los políticos actuales. Más bien, constituye la reparación histórica de una injusticia y la devolución de sus derechos a un sector social fundamental para la consolidación de la democracia.

Así es que si finalmente reaccionan y corrigen su error, que se refleje en las papeletas para cargos de elección popular y no sólo en el discurso.