Si la ingobernabilidad tuviese rostro, el que aparecería en la portada de la percepción ciudadana sería el de un semblante molesto, preocupado y hasta indignado por los sucesos de la semana pasada: hospitales públicos suspendiendo la consulta externa por amenazas de pandilleros y la ruta Interamericana bloqueada durante ocho horas por integrantes de los 48 Cantones de Totonicapán y autoridades indígenas de Sololá, en protesta por el incremento de energía eléctrica y para forzar la aprobación de las reformas constitucionales.

Dentro de esta realidad cuasi macondiana, el presidente Morales agita más el cotarro, lanzando con cándida imprudencia confusas alusiones sobre un supuesto golpe de Estado. El humo mediático levantó planas durante varios días.

Durante su alocución dijo también que varias instituciones estaban paralizadas por “temor a firmar” —en alusión a la caótica situación que atraviesa el Renap y la presa de casi medio millón de ciudadanos sin identidad—, debido al temor de los miembros del Directorio de que la Contraloría de Cuentas les “caiga” si le firman el finiquito a Easy Marketing —empresa que ya finalizó el contrato, y sin el cual el Renap no puede continuar con la impresión de DPI—. Esta paranoia pecaminosa tiene a medio millón de guatemaltecos literalmente sin identidad, con todas las implicaciones de la violación de los más elementales derechos constitucionales.

En medio de este remolino, la confrontación por la aprobación de las reformas constitucionales, especialmente en lo relativo a la Jurisdicción Indígena, genera una polémica de proporciones épicas. La polarización ideológica resultante es de tal magnitud que marca un hito de indudable resonancia de cara a las próximas elecciones; y se abre una vitrina para las prima donnas que se postulan como vedettes en la próxima tournée electoral.

En cuanto al arribo del secretario de Seguridad John Kelly, un amigo me lo resumió de una manera jocosa: “El secretario vino a orinar dos postes, dijo: el primero, las instalaciones del Centro de Deportados, con lo cual se disipa toda duda en cuanto al inicio de la política de deportaciones masivas. Y 2) El poste de la Cicig, marcando claramente su respaldo al controvertido comisionado Velásquez, a pesar de las críticas por su activismo político empujando las reformas constitucionales.

Todavía estaba fresca la estela del jet de Kelly cuando la Amcham salió con un comunicado expresando su “preocupación ante las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad de suspender las operaciones de hidroeléctricas e industrias extractivas en el país, pues al frenar la suspensión de licencias de operación sabotea los objetivos del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte con Estados Unidos, que busca disminuir los elevados costos de energía eléctrica, aumentar los bajos niveles de inversión y generar empleos. Estamos en un periodo de movimientos ideológicos radicales de grupos a favor del conflicto social, así como la tergiversación y abierta oposición a cualquier proyecto de inversión, sin demostrar realmente tener una representación legítima o democrática de las comunidades. Esto ha llevado al vandalismo, daños, disturbios invasión de propiedad privada y pérdida de vidas, lo que pone en peligro la seguridad de los ciudadanos y el desarrollo del país. Puntualiza el comunicado.

Un ejemplo de lo anterior es el amparo que Bernardo Caal Xol —anterior socio de Joviel Acevedo, despedido por el Ministerio de Educación por faltar a sus responsabilidades y avecindado en Chimaltenango, un área que nada tiene que ver con Santa María Cahabón— promovió contra el Ministerio de Energía y Minas por supuestamente no haber realizado la consulta comunitaria previa que establece el Convenio 169 de la OIT para estos casos. Pese a que consta en expedientes y pruebas que las tales consultas se llevaron a cabo de acuerdo al plan. Y sin embargo la CC le concedió el amparo… (¿?)

Ergo: en este país salidas hay, lo que no hay son callejones.

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