Una reciente encuesta revela que aproximadamente seis de cada diez guatemaltecos consideran a Portillo como el mejor presidente, lo seguirían en su recomendación de voto por otro candidato o están dispuestos a elegirlo como diputado. Es decir, exaltan sus valores, admiran su forma de ser y lo distinguen, reconocen y aprecian, por eso expresan tal preferencia.

Aunque el señor Portillo, como él mismo dijo, no es el primero ni será tristemente el último en quien se pueda personificar la corrupción imperante en el país, sí es el único presidente que reconoció públicamente haber asesinado a dos personas, fue procesado en Guatemala (con negativos resultados producto de un particular pacto Cicig-MP-Embajada EE. UU.), huyó a México y fue extraditado, juzgado y condenado en EE. UU. por delitos que admitió haber cometido. ¿Significa lo anterior que está estigmatizado permanente para ocupar cargos públicos? ¡Por supuesto que sí!, al menos moralmente, aunque haya recobrado sus derechos civiles y políticos.

Algunos ingeniosos lo compararon, atrevidamente, con Robin Hood, pero mientras aquel —dicen— robaba a los ricos para darle a los pobres, este se lo quedaba. Otros, igual de creativos, dijeron que “retornaba el hijo prodigo”, sin advertir de que el personaje bíblico pidió a su padre la parte de su herencia, pero este otro se apropió del cheque sin consultar con nadie. No hay que dejarse llevar por manipuladas o sentimentales deformaciones que alejan interesadamente la penosa realidad o desvían la atención. Es preciso analizar qué cualidades y principios premiamos en los políticos.

Se podrá o no estar de acuerdo sobre cómo se hicieron las cosas durante el gobierno de Portillo, incluso debatir si sus políticas económicas o sociales tuvieron resultados, esos no son puntos de discusión ahora. Lo que no puede taparse (menos con un dedo) es que los valores representados en Portillo (los que puso en práctica) son antivalores que “condenamos” a diario, pero pareciera ser que cautivan a un porcentaje amplio de la población. No es de recibo reclamar trasparencia, honestidad, honradez, buen manejo de fondos o comportamiento ético a los gobernantes, cuando una parte significativa de la ciudadanía (seis de cada 10) reconocen preferirlos un tanto mañositos, y votarían por aquel a quien más delitos se le ha probado en la historia nacional reciente. No es coherente, y ello obliga a que hagamos un acto de contrición muy severo y nos analicemos para ver si realmente deseamos tomar la ruta correcta o la preferencia (por ahí va la cosa) es esperar a que llegue nuestro turno de depredar lo público, tal y como alabamos y reconocemos en otros. Esa postura reafirma aquel calificativo de “sociedad podrida” que molestó a algunos (quizá porque los desnudó), pero evidenciado en encuestas sobre el sentir nacional.

Curar la corruptela es como cualquier otro vicio. Pasa, ineludiblemente, por aceptar el problema y dejar de pasear por la nubes sin asumir responsabilidades. El optimismo nacional, demasiadas veces enfermizo y poco realista, esconde el problema, niega la realidad y nos hace creer nuestras propias mentiras. No es agradable que te lo digan a la cara, pero eso no diluye una verdad que a sabiendas ignoramos. Premiamos y reconocemos a los deshonestos, lo que nos vuelve hipócritas y cómplices, además de mediocres. A la historia se pasa para bien o para mal. ¿En qué lado de la balanza queremos estar? Es preciso meditar seriamente sobre el tema, al menos seis de cada 10 ciudadanos de este país.

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