Un país no necesita establecer incentivos para prosperar. Lo que necesita es eliminar los desincentivos. Los impuestos a actividades en particular, la incertidumbre fiscal, la arbitraria discrecionalidad de las autoridades que promueve la corrupción hasta de los honrados, los estorbos físicos y fiscales al flujo competitivo de insumos, la impredecible intromisión del Gobierno en asuntos particulares, etc. La importancia de éstos desincentivos la confirma el hecho de que cuando se quieren crear incentivos, lo que se hace es remover algunos de ellos con la diferencia que esa remoción no es general sino para casos específicos.

Los incentivos necesariamente son casuísticos y discriminatorios. Nos aleja un paso más del principio de reciprocidad ciudadana de trato igual para todos y para todo. Se crean preferidos y discriminados. Desnivela el campo de juego, creando desviación de recursos de aquellas actividades que no requieren incentivos a las que sin ellos no serían competitivas en rendimiento. Los incentivos casuísticos también causan transferencias no intencionales de riqueza de unos a otros, generalmente de pobres a ricos. Un incentivo para unos se convierte, generalmente sin saberlo, en un desincentivo para otros que no sabemos quiénes son, ni nos los imaginamos y que quedan en desventaja.

Viene a mente el comentario de Bastiat sobre lo que se ve y lo que no se ve: el beneficio de las actividades privilegiadas por los incentivos es obvio, pero los costos cotidianos de la distorsión cuesta verlos porque no se ve lo que por causa de ellos ya no llega a suceder. El costo económico (no el contable, sino el costo de oportunidad) de cualquier actividad incentivada es el beneficio de las actividades que resultaron desplazadas del mercado de recursos y no se llevaron a cabo y que por eso no se ven. Si el incentivo no desplazó a otras es porque no resultó efectivo.

Lo anterior no debe sugerir restablecer desincentivos a las actividades que a se les han quitado con objeto de fomentarlas, sino eliminarlos a las demás actividades, para que todas queden igual y florezcan muchas. El café no ha gozado de incentivos y ha cargado con la parte de la carga fiscal que en justicia le corresponde a otros. (Le llaman subsidio fiscal cuando unos contribuyentes pagan la parte de los impuestos que le corresponden a otros si las leyes fuesen iguales para todos). Muchos sobreviven a pesar de los desincentivos, pero lo que se ve son las que sobreviven y no las que aún serían rentables sin la carga de otros. Los fenómenos económicos no ocurren como sugiere la macroeconomía, en promedios, sino al margen, es decir, no todas las fincas ni las partes de una misma finca producen al mismo costo y por ello no sabemos cuántas áreas adicionales se sembrarían con una pequeña rebaja en costos fiscales. Las actividades que se abandonan son las que no aguantan con los desincentivos.

Las transferencias involuntarias que causan los privilegios ocurren porque sus beneficios son concentrados en pocas personas y por eso son considerables y amerita gestionarlos y defenderlos. En cambio, sus costos quedan dispersos entre muchos y por tanto no justifica esfuerzo para evitarlos. Ej.: Si la protección arancelaria por cada peine de plástico le significa pagar 10 centavos más, seguramente Ud. no se preocuparía porque compra sólo dos peines al año, pero si el productor le sube 10 centavos a su precio y produce 20 millones de peines al año, su ingreso sube en 2 millones anuales. A él si le conviene esforzarse y cabildear para tener ese incentivo arancelario que no es otra cosa que un subsidio directo del consumidor al productor de peines. Paradójicamente, la suma de costos de todos los incentivos contribuyen a mantenernos pobres.