Los políticos ingleses de izquierda (laboristas) quieren que su país entre a la Unión Europea, en el cual el mercado laboral aún está muy regulado (es una de las causas de su mayor desempleo). Como según encuestas la mayoría de población no quiere ingresar, disponen no someterlo a plebiscito. Ello implica que no confían en el criterio democrático cuando creen que la gente no va a votar ?correctamente?, como ellos quieren. Llegan al colmo de que no lo someterán a plebiscito hasta que las encuestas digan que votarán SI. Si el voto es NO lo someterán cuantas veces sea necesario hasta que digan que SI. La izquierda globalizadora del poder político quiere un gobierno para todos, manejado por ellos.

El mismo día la prensa comentaba que una señora demanda a una empresa porque discriminan por edad. Ya es ampliamente conocida la lucha contra la discriminación por cualquier razón, sea racial, sexual, justificada o no. La señora pretende que la empresa, que quiere mantener la política de que sus ejecutivos se retiren antes de los sesenta años, discrimina a favor de los más jóvenes. Inglaterra ya prohíbe indagar el sexo o la religión de quien busca empleo y en EEUU indagar la edad. Ya se ha prohibido que, por ejemplo, un club de hombres no admita a mujeres. Ya sólo falta que la ley prohíba discriminar en la lista de invitados a su boda. ¿Ya no hay esfera privada? El derecho de libre asociación desapareció sin que la gente se diera cuenta de cuando lo perdió. ¡Hasta se pretendió prohibir que los Boy Scouts excluyeran a niñas!

No es posible prohibir la discriminación en general. En nuestra vida debemos y tenemos que discriminar de alguna forma constantemente, de manera que habría que listar los casos en que sí se puede discriminar. Las listas serían infinitas y carecerían de una característica de toda buena ley: generalidad y abstracción.

Ahora quieren en Inglaterra prohibir que firmas de auditoría presten asesoría a sus clientes, debido al escándalo de las firmas Enron y Andersen, porque supone la pérdida de objetividad de los auditores, pero prohibirlo equivale a privar a los accionistas de una de sus más propicias fuentes de asesoría, lo cual podría salirles más caro que la eventual falta de objetividad. Siendo la credibilidad el más valioso activo de un auditor, el incentivo para no perderla es más efectivo que un reglamento. Como lo demostró el caso Enron, el despiadado mercado aplicó a Andersen el más severo castigo: la quiebra.

No es gratis para la sociedad tirar a la basura un principio de derecho muy necesario para la prosperidad pacífica, como lo es el de libre y privada asociación, aduciendo que el resultado de observar ese principio es indeseable. La cuestión es si respetamos o no, con sus desventajas y ventajas, el derecho de las personas de escoger con quién trabaja y se asocia, relaciones que son privadas, pacíficas y por mutuo consentimiento, o si los políticos (?el gobierno?) pueden legítimamente quitar ese derecho. Si nos vamos a regir por leyes generales y abstractas que rigen conducta, tenemos que aceptar los resultados. Tal vez a mí no me gusten los resultados, pero ¿debería yo (u otros) tener el poder de dictarle a los demás con quién y cómo deberá asociarse?

El socialismo (la sociedad planificada y no libre) no ha muerto. Disfrazan sus argumentos para que suenen razonables (?planificación? y ?regulación? suena prudente) pero quieren regular nuestras relaciones privadas, que hagamos lo que ellos quieren, como ellos quieren, y para lograrlo nos tienen que quitar, por la fuerza, nuestra libertad de hacer lo que nosotros, en nuestras relaciones privadas, consentidas y pacíficas queremos hacer.