La histórica resolución de la Corte de Constitucionalidad que anula la elección de la presidenta de la CSJ es un gran avance y una oportunidad para rescatar el sistema de justicia guatemalteco, que está tan desprestigiado.

Si la elección anterior estuvo “viciada”, ¿Qué responsabilidad legal tienen los magistrados que participaron en este proceso?, porque además de quedar evidenciado el poco conocimiento jurídico que tienen, es inadmisible que quienes son los llamados a cumplir con un papel garante de la justicia y ser protagonistas de la lucha contra la corrupción no tengan un pleno conocimiento de los procedimientos y protocolos que exige una elección de tal envergadura.

Toda acción genera también una consecuencia, por lo que estos magistrados deberían ser sancionados, así como encausados legalmente, y además, si tuvieran un poco de dignidad, renunciarían, porque el desprestigio de la Corte Suprema de Justicia es un dolor de cabeza para la ciudadanía, ya que este no es un hecho aislado, sino que se origina de múltiples escándalos de corrupción, falta de ética, tráfico de influencias, abusos de poder y mafias enquistadas en el sistema.

Incluso, es bien sabido que la mayoría de quienes conforman el grupo actual de magistrados llegaron a esos cargos por las nefastas influencias en el Congreso de ciertos partidos políticos —Líder y Patriota—, que hoy no son más que una historia sórdida y vergonzosa.

Prueba de ello es que la Pesquisidora recomendó al pleno del Congreso, unánimemente, retirar la inmunidad a la magistrada Blanca Stalling, para que pueda ser investigada por tráfico de influencias. Y el pleno del Legislativo, avaló el dictamen y así dio una oportunidad para que el sistema de justicia continúe con el proceso de depuración, que ya ha iniciado; no hay que olvidar que en la actual Corte Suprema de Justicia ya se ha logrado la renuncia de Vladimir Aguilar y Douglas Charchal, hechos que contribuyen a que las instancias funcionen y sean independientes.

Ahora Stalling deberá dar la cara ante la justicia como cualquier ciudadana de a pie, que debe responder plenamente por sus actos; y ante este escenario, lo menos que se podría esperar del pleno de magistrados de la CSJ para limpiar su imagen y la de la institución a la que representan es que elijan a un profesional con altos valores morales, una persona intachable, capaz de velar para que la justicia sea independiente, imparcial, justa y cumplida.

Los juzgadores deben ser los ciudadanos más capaces, idóneos y, sobre todo, “honorables”. El objetivo es procurar crear un sistema prestigioso y funcional, para transformar y optimizar el sistema actual.

Ya no se puede continuar con el decadente sistema de justicia vigente, por ello es necesaria y urgente una profunda reforma que modernice nuestro aparato de justicia, hagamos realidad el mandato contenido en el segundo párrafo del Art. 203 de la Constitución Política de la República: “Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución (…)”.

Muchos sectores opinan que entre los togados, María Eugenia Morales Aceña es una persona que ha demostrado ser altamente capaz, con una reputación intachable, una dama que ha mantenido a lo largo de su carrera un prestigio indiscutible. La sociedad esta vez exigirá “al mejor” en esa presidencia… ¡No se admitirán más mafias!

El proceso de selección de los altos funcionarios judiciales debe ser un acto donde se debería escoger a los juristas más prestigiosos del país, sin intervención alguna de personajes oscuros, que han corrompido el sistema desde décadas atrás.

imagen_es_percepcion@yahoo.com