Sin embargo, la inevitabilidad de los golpes de la naturaleza —cada vez más recurrentes— no significa, necesariamente, muerte y destrucción. Nuestro planeta nos ha demostrado en innumerables ocasiones las múltiples variantes de sus descargas de energía y esa dinámica, ampliamente estudiada por la ciencia, se manifiesta con una cierta periodicidad. Esto debería darnos un mensaje contundente sobre la necesidad de prevenir.

En nuestra mente han quedado grabadas las dolorosas escenas de muerte en El Cambray II. Los sobrevivientes experimentan hoy una de las peores pesadillas que puede vivir un ser humano, empeñados en la triste contabilidad de las pérdidas humanas y materiales cuyas cifras aumentan a cada minuto. Ante ese espectáculo de devastación, la ciudadanía ha actuado con esa maravillosa generosidad que la caracteriza, en una reacción inmediata ante el dolor ajeno.

Pero la lección aprendida es que la solidaridad no basta. La población debe asumir que El Cambray II ha sido un ejemplo de lo que no debe volver a suceder, una evidencia de la importancia de incidir en las políticas de ordenamiento territorial y en el cumplimiento de las normas, tanto por parte de las autoridades como de los vecinos. Conred ha identificado zonas de riesgo en las cuales habita más de medio millón de seres humanos. Las autoridades locales —alcaldes y gobernadores— tienen en la definición de sus funciones la evaluación de los proyectos habitacionales de modo de reducir las probabilidades de que ocurra esta clase de tragedias, pero eso queda en papel.

Las políticas públicas en temas esenciales como educación, salud, alimentación, vivienda y acceso al trabajo, constituyen la plataforma sólida sobre la cual se asienta el desarrollo de un país. Los ejemplos de corrupción revelados estos últimos meses nos enseñan que en Guatemala la pobreza es producto de la manipulación indecente y ofensiva de la riqueza colectiva. En un país tan rico, no hay razón para tanta pobreza. Los efectos de ese desequilibrio están a la vista: autoridades negligentes e ignorantes sobre los alcances de sus acciones. Familias enteras obligadas por sus circunstancias y carencias, a instalarse en donde nadie más quiere vivir. Respuesta nula de los responsables directos, protegidos por un sistema diseñado para entorpecer cualquier demanda ciudadana para exigir respuestas claras y la correspondiente imputabilidad en la línea de autoridad. El Cambray II ha dejado un mensaje en donde no hay lugar a dudas.