Mediante Acuerdo Ministerial No.163/2015, de fecha 11 de marzo del año en curso, el Ministerio de Gobernación reconoció la personalidad jurídica de la Fundación contra el Terrorismo Mediático. Su surgimiento ha causado un revuelo porque muchos la consideran como un serio peligro para la libertad de prensa. Entidades internacionales como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, la Red IFEX, Reporteros sin Fronteras, el Comité de Protección al Periodista de Nueva York han sido alertados al respecto. En el país diversas personalidades se han manifestado al respecto, así como instancias defensoras del derecho a la libertad de expresión del pensamiento y de prensa, como el Observatorio de los Periodistas de la Agencia de Noticias Cerigua.

La noticia surge en medio de una coyuntura donde las agresiones contra los periodistas han estado a la orden del día, al extremo de haberse asesinado a periodistas en el ejercicio de su función informativa. Estas acciones criminales han provocado una generalizada condena y algunas movilizaciones importantes, con lo cual se crean condiciones de potencial conflictividad social, ante la incapacidad del Estado de garantizar la vida de los ciudadanos y ciudadanas, en este caso particularmente de los y las periodistas.

Este acuerdo de creación de esa Fundación se produce en un contexto donde actores poderosos han planteado denuncias contra periodistas, por supuestos actos de injuria y calumnia.

En Guatemala, luego de 36 años de cruento conflicto armado interno y 18 años de paz caracterizada, vale lo contradictorio de la afirmación, por la violencia criminal y social, la polarización subyace como una bomba de tiempo, que eventualmente podría explotar con efectos dramáticos para la sociedad y el Estado.

Y por si lo anterior fuera poco, los partidos políticos y los adelantados candidatos y candidatas a cargos de elección popular han atropellado toda la legalidad electoral y se encuentran enfrascados en una lucha cada vez más ilegítima, con visos de violencia en el horizonte cercano.

Todo contribuye a la polarización.

A los comunicadores sociales nos corresponde defender con decisión el ejercicio del derecho humano que constituye nuestro oficio: la libertad de expresión. Por eso, aunque el Ministerio de Gobernación simplemente haya resuelto con criterios de trámite, sin reparar en los riesgos del contenido, y pese a que dicha Fundación aun no ha actuado, de todos modos debemos ponernos en alerta. Nuestro derecho está consagrado en la Constitución, en otras leyes ordinarias y constitucionales y en instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Guatemala. Por consiguiente, las actividades que eventualmente realice dicha Fundación no podrán conculcar, en lo más mínimo, nuestro derecho a la libertad de expresión y su corolario, la libertad de prensa.

Pero no podemos ser ingenuos, su surgimiento podría crear condiciones para intentar hacerlo. Por eso, no podemos esperar a que ese riesgo se concrete, sino que debemos salirle al paso, advirtiendo y enfrentando cualquier intención de coartarnos o inhibirnos.

Sin embargo, vale la pena enfatizar que no hay derechos absolutos y que la ética debe ser nuestra guía para no abusar de la libertad de expresión y de prensa, en aspectos de forma ni de fondo. En la medida en que los periodistas irrespetemos los límites que la misma nos plantea, estaremos traicionando nuestra función social y abonando las intenciones de quienes quieren censurarnos.

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