Bernardo Kliksberg, funcionario de la Iniciativa Interamericana del Capital Social y Etica, y del Banco Interamericano de Desarrollo, ha publicado un trabajo titulado El crecimiento de la criminalidad en América Latina: un tema urgente, en el cual analiza las dos principales corrientes de opinión acerca de cómo hacer frente a ese enorme problema. Una es la vía punitiva; otra es la vía preventiva.

Siguiendo el hilo de la publicación citada, en América Latina se producen 30 homicidios por cada 100 mil habitantes, tasa que multiplica por seis la de los países que tienen una criminalidad moderada, como la mayoría de los de Europa Occidental.

Esos datos colocan a nuestra región como la segunda zona con más criminalidad en el mundo después del Sahara Africano y la Organización Panamericana de la Salud considera la delincuencia un problema central de la salud pública, porque se ha convertido en una de las principales causas de muerte en la población joven.

En varios  países -a los cuales Kliksberg no cita por sus nombres- el aumento de la criminalidad ha reducido la población joven en ciertos niveles de edad. Y el esfuerzo por contrarrestarla es enorme.

Brasil gasta anualmente de fondos públicos destinados a seguridad, más la inversión privada en esa misma materia, 43 mil millones de dólares, equivalentes a un 10.3 por ciento de su Producto Interno Bruto. Este gasto es mayor que toda la riqueza producida en un año por una de las economías más vigorosas de toda la región: la de Chile.

En Colombia los gastos, públicos y privados, en seguridad son más el elevados, pues ascienden a un 24.7 por ciento del Producto Interno Bruto.

Los presupuestos  para la seguridad están subiendo fuertemente en toda la América Latina, cuyas economías luchan duramente por conseguir tasas de crecimiento superiores al 3 o el 4 por ciento anual. En tales circunstancias, dedicar proporciones tan altas del Producto Interno Bruto al problema citado implica un esfuerzo  fenomenal para la economía y, una sustracción en gran escala de recursos que se necesitan con apremio para áreas productivas.

Una de las dos grandes propuestas para hacer frente a la criminalidad aconseja: a) aumentar el número de policías, b) darles mayor discrecionalidad, c) modificar los códigos penales para reducir las garantías que obstaculizan el trabajo policial y aumentar los gastos en seguridad; c) bajar la edad de la imputabilidad, declarar responsables y encarcelables a los niños desde edades muy tempranas, y responsabilizar de sus delitos a los padres de familia; d) ejecutar extrajudicialmente a los delincuentes, e) crear o apoyar a los escuadrones de la muerte y f) en términos generales, castigar con dureza cualquier falta. Es la vía punitiva.

La propuesta de la vía preventiva, cuyo mejor expositor es Louis Wacqant -investigador del Colegio de Francia y profesor en la Universidad de Berkeley-, autor del libro Las cárceles de la miseria, considera que los castigos dan resultados muy pobres; la población carcelaria crece rápidamente y esto contribuye a la hipertrofia del Estado en el área de la represión. Y, sin embargo, los delitos no disminuyen.

El encarcelamiento, además de afectar prioritariamente a los desocupados, precarios y extranjeros, es en una tremenda máquina de empobrecimiento.  Y sugiere conocer las experiencias de ciudades americanas que tienen los más altos logros en reducción de la criminalidad como San Diego y Boston, donde las autoridades han tomado partido por el enfoque preventivo, haciendo participar a toda la comunidad y a las iglesias en las luchas contra la delincuencia y desarrollando vigorosos programas de apoyo a los jóvenes desfavorecidos. En esas ciudades la tasa de policías por habitante es mucho menor que en las que prevalece la vía punitiva. El Estado penitenciario aparece -dice- cuando el Estado se retira de la economía, se debilita el Estado social y ligado a lo anterior crece la masa de personas excluidas.