El Congreso de la República tiene facultad legal para subir o bajar sueldos de los diputados, en la proporción que considere apropiada, según las circunstancias.

Pero, no sucede lo mismo con la indemnización por tiempo de servicio, ya que es una prestación creada para trabajadores ligados a un patrono por una relación laboral, la cual nace de un acuerdo de voluntades libres entre ambos, cuando esto es posible; o de la decisión omnipotente del patrono o empleador, como sucede en casi todos los casos.

Los criterios de los solicitantes de plazas laborales son irrelevantes. Simplemente se adhieren a las condiciones que les son impuestas o no pueden obtener los empleos.

En la base de esa relación siempre subyace un contrato de trabajo escrito, oral o sobreentendido. Pero, en todo caso, una de las partes manda y ya sabemos cuál es.

¿Sucede esto con los legisladores? ¿Van ellos a la sede del Congreso a pedir empleo?

¿Los obligan a firmar un contrato? ¿Aceptan condiciones que les son impuestas? ¿Quién es su patrón, con derecho a ordenarles, premiarlos o sancionarlos? ¿El contrato es por tiempo determinado o indefinido? ¿Tienen derecho a ser reinstalados si son despedidos? ¿Gozan de derechos de antigüedad, preferencia y ascenso?

Bueno, ¡para qué seguir! Los diputados son algo distinto. Son dignatarios de la Nación.

Ellos lo han comprendido muy bien, recientemente, y por unanimidad (menos uno) derogaron el problemático acuerdo, sin esperar a que un tribunal lo dejara sin efecto.

Han procedido a regañadientes; pero habría que reconocerles que no fueron sordos al clamor popular canalizado a través de casi todos los medios de comunicación.

Lo malo de su arrepentimiento es que, al redactar la derogatoria, instilaron gotas de veneno contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad y de otros tribunales creados conforme la ley, que se integran con magistrados o por funcionarios nombrados por el Congreso en elecciones internas. ¿Por qué eso no está bien?

Porque constituye injerencia claramente prohibida -en los asuntos internos de otro organismo estatal, como lo es el encargado de administrar justicia, y en órganos autónomos de control constitucional, como el Procurador de los Derechos Humanos, al cual no afecta porque no cobra indemnización ni bonos.

En Guatemala, la subordinación entre los tres poderes no es permitida. Esto significa, en el más puro de los lenguajes, que un organismo de Estado no puede someterse a la voluntad de otro, y tampoco debe ser esclavizado mediante presiones como las que desarrolla el Congreso cuando utiliza el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para humillar a otro organismo.

En otras palabras, indicar en un acuerdo que los magistrados de la Corte Suprema no pueden concederse indemnizaciones, es un atentado perseguible como delito -contra la independencia del Organismo Judicial.

Por aparte, hay enormes diferencias entre un representante al Congreso y un juez superior. Para ser diputado no se requieren requisitos culturales, morales o de formación académica. En 1945 hubo un constituyente que era carretero, y hace poco tiempo hubo otro que con dificultad sabía firmar. La ilustración, como se ve, no es necesaria.

En cambio, para ser magistrado es indispensable ser abogado, tener por lo menos diez años de graduación, ser guatemalteco de origen, de reconocida honorabilidad, etcétera.

En el pasado los diputados se subieron los sueldos y la población no protestó, como lo ha hecho ahora. La razón es que el momento escogido fue el peor de todos. Entre ellos hay varios procesados por millonarias malversaciones en el desempeño de cargos administrativos y todavía no han resuelto su situación. ¿Cómo se les va a premiar?

Siento mucho lo que ha sucedido porque entre los parlamentarios hay políticos decentes, talentosos, pulcros, curtidos en luchas patrióticas, que deberían ganar más de lo que actualmente ganan, y disfrutar después de una pensión vitalicia, como la acordada para los ex presidentes de la República.

Al fin y al cabo son ciudadanos iguales o mejores que algunos mandatarios. Pero, serían 158 nuevas pensiones cada cuatro años. Veinte años después habría que pagar a 632 ex legisladores aunque el pueblo se muera de hambre, como dice un impredecible líder demócrata cristiano.