El presidente Donald Trump ha enviado al Congreso su proyecto de presupuesto para el próximo año, en el cual se observan cambios de fondo, en comparación con la visión de su antecesor. Uno de estos es la apuesta por el crecimiento en la asignación al gasto militar, y el otro, un recorte sensible de ayuda a Latinoamérica, donde los países más afectados serán México y Centroamérica, sobre todo el Triángulo Norte.

Aunque es la propuesta planteada por la Casa Blanca, esta todavía podría sufrir pequeñas o grandes transformaciones en el Congreso, por ser donde finalmente se decide la asignación de recursos establecidos por la presidencia. La gran discusión se centrará en cambios que afectan a millones de personas pobres, entre ellos los blancos que votaron por Trump, un hecho que sin duda afectaría políticamente a quienes avalen esos recortes sociales.

En el caso latinoamericano, es probable que no ocurra nada, salvo en aquellas naciones que para muchos congresistas puedan ser parte importante de estrategias de seguridad y combate de las drogas y por ello se busque mantener una fuerte presencia. Pero en todo caso eso será lo mínimo o muy reducido.

Sobre Centroamérica se dice que los congresistas estadounidenses quieren mantener un compromiso con políticas que busquen desincentivar la migración, y para eso se buscará mantener los recursos necesarios para trazar rutas de desarrollo que contrarresten la necesidad de la peligrosa emigración hacia el norte.

El director de la oficina de ayuda exterior del Departamento de Estado dijo que se dará “prioridad a los programas centrados en complicar las actividades de las organizaciones criminales trasnacionales, fortalecer la seguridad fronteriza y combatir la corrupción”, en clara alusión a uno de los flagelos que más castiga a los habitantes de los países del norte del istmo centroamericano.

Si el Congreso aprueba el presupuesto enviado por la Casa Blanca, Centroamérica sufriría un recorte sensible en asistencia para el fortalecimiento institucional, y solo para Guatemala la asignación propuesta es de 80.7 millones de dólares, cuando el año anterior había recibido 131.2 millones de dólares, una reducción equivalente al 39 por ciento, lo cual es indudable que tendrá repercusiones en más de algún sector.

Aunque en los países vecinos los recortes van en la misma dirección y parecen ser un tanto menores, los efectos serán desalentadores porque estas democracias todavía no están preparadas para dejar de recibir esos recursos, pues tampoco han cumplido con la tarea de recaudar impuestos necesarios para funcionamiento y desarrollo.

Solo en Guatemala, año con año crece el gasto público, sin que eso se traduzca en mejor desarrollo. Se compromete el futuro del país, porque crece más el gasto en burocracia y clientelismo, y no en inversión de calidad. Todavía no se sabe cuáles serán las áreas afectadas por el recorte de recursos, pero el director de la oficina de ayuda exterior del Departamento de Estado, Hari Sastry, insistió en que se seguirán encarando las causas de raíz que generan la emigración en el Triángulo Norte, entre ellas la pobreza y la corrupción.