Que el mecanismo de elección de las magistraturas de las altas cortes del país se había desvirtuado era más que evidente. Desde el 2010, por lo menos, organizaciones sociales que fiscalizan los procesos denunciaron las irregularidades que se cometen al seno de las comisiones de postulación para colocar jueces que garantizan sentencias a la medida.

El objetivo detrás de la creación de las comisiones postuladoras fue despolitizar el proceso de elección, involucrando a la academia y al gremio de abogados para garantizar independencia en la elaboración de los listados de candidaturas. Sin embargo, con el paso del tiempo, los sectores interesados en mantener la impunidad consiguieron cooptar el mecanismo y convertir a la universidad pública, a las facultades de Derecho y al Colegio de Abogados en un botín político.

La aparición de un sinnúmero de escuelas de leyes que aún sin tener alumnos colocan a su decano en el selecto comité de selección y la doble calidad de muchos de los electores que a su vez son candidatos a magistrados, son apenas dos de los vicios más notorios de un sistema que tiene hoy como resultado concreto una Corte Suprema de Justicia en la que dos de sus miembros han debido renunciar para enfrentar procesos penales y una más tiene solicitud de antejuicio, señalada de los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Aunque el más reciente caso presentado por el Ministerio Público y la Cicig la semana pasada ilustra a la perfección el nivel de cooptación de las cortes, ya la sentencia condenatoria contra el expresidente del Congreso, Gudy Rivera, y el abogado Vernon González nos daba una idea de cómo las mafias han penetrado el sistema. El caso Bufete de la Impunidad abona también al entendimiento de cómo se gesta el pago de favores y el tráfico de influencias y cómo se da la connivencia entre políticos, redes de juristas e integrantes de las judicaturas en detrimento de la independencia judicial.

Recordemos que en 2014 un grupo de jueces —encabezados por la exmagistrada Claudia Escobar— denunciaron las irregularidades del proceso y solicitaron a la Corte de Constitucionalidad su anulación. Aunque por mayoría la CC dio luz verde para la integración de las cortes, los magistrados Gloria Porras y Juan Carlos Medina razonaron su voto y esgrimieron por lo menos una docena de razones por las que el proceso debió repetirse. “El resultado no garantiza un organismo judicial independiente y 15 de los ungidos fueron beneficiados con la premisa tú me eliges, yo te elijo” sentenciaron. (Nómada, 20/11/2014)

Claro está que en aquel momento la correlación de fuerzas no estuvo del lado de la justicia y la balanza se inclinó a favor de un proceso plagado de vicios e irregularidades. Hoy con pruebas contundentes —audios, escuchas telefónicas y hasta una escritura de propiedad de un lujoso apartamento— se evidencia que la elección de las magistraturas fue producto de una negociación donde los cargos se repartieron a conveniencia.

Si la Fiscalía logra probar que efectivamente por las manos del entonces postulador y hoy magistrado de apelaciones, Giovanni Orellana, pasaron las hojas de vida de al menos cuatro magistrados más de la actual Corte Suprema y que por la labor realizada se le habría dado en “premio” un inmueble en zona 14, más de la mitad de los jueces del supremo habrían llegado a su cargo producto del soborno y el tráfico de influencias.

Frente a la contundente evidencia presentada, ¿hay quién dude todavía de la urgente necesidad de reformar el sistema de elección de las cortes?

@MarielosMonzon