Finalmente parece haber empezado a salir de su letargo la Contraloría General de Cuentas (CGC), que ayer, durante su informe en el Congreso de la República, dio a conocer una abultada cifra de denuncias contra más de 500 entidades públicas que habrían incurrido en procesos ilegales, dolosos o simplemente irresponsables a la hora de gastar los recursos que tributan los guatemaltecos.

Las denuncias penales ya fueron presentadas en el Ministerio Público e involucran el manejo irregular de más de Q2 mil 950 millones por dependencias de la administración central, consejos de Desarrollo, entidades autónomas y también municipalidades, que por ser más numerosas son las que acaparan buena parte de los señalamientos.

Esta es la primera vez que un contralor general hace señalamientos tan amplios contra tantas instituciones en su conjunto y también por un monto tan descomunal, pero que tristemente refleja los niveles de corrupción, malos manejos y discrecionalidad con que funcionarios disponen del erario.

Es también la primera ocasión en que la Contraloría denuncia a la Municipalidad de Guatemala y lo hace precisamente por el manejo de recursos públicos administrados bajo la oscura figura del fideicomiso, una práctica que lleva años de existir y de ser cuestionada, precisamente porque entraña una sospechosa secretividad y por su propia naturaleza se hace muy difícil de fiscalizar.

De hecho, los fideicomisos ni siquiera deberían existir porque son una especie de fondos inescrutables sobre los cuales solo unos cuantos tienen control pero reducida cuentadancia.

En su informe de ayer, el contralor Carlos Mencos refirió que a la comuna capitalina se le hicieron reparos por manejo de un fideicomiso mediante el cual se habría erogado casi un millón y medio de quetzales de manera irresponsable, por lo que también es de elogiar la labor de la CGC en esta nueva etapa, que parece enfocada en romper los muros de opacidad que han rodeado los gastos de diversas esferas públicas.

Ciertamente, hasta ahora la Contraloría parecía una entidad adormecida, que simplemente había vivido de la denuncia e investigaciones que se producían en otras instancias pero no había entablado una batalla frontal contra la corrupción. Sin embargo, los hallazgos presentados marcan un nuevo capítulo en la historia de esa institución, siempre y cuando se mantenga la misma política de cero tolerancia.

De hecho, el actual contralor ha sido uno de los más criticados, debido precisamente a que ocupa por segunda ocasión ese cargo, lo que implica que en su anterior período simplemente se hizo de la vista gorda, y de no ser por las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y del Ministerio Público, la entidad que dirige continuaría en el letargo.

Sobre Mencos pesaba la sombra de haber sido designado en una de las peores etapas de la anterior legislatura, pero a través de acciones contundentes como las plasmadas en el informe anual su gestión parece enfilarse en la misma ruta de la transparencia que exige la ciudadanía.