Un paso clave para el fortalecimiento de la justicia se ha dado con la incorporación de los 12 sindicados por el caso TCQ a proceso judicial. Por tratarse de un juicio complejo, esta decisión fija un primer paso en la búsqueda de justicia en Guatemala, pues lo actuado por el juez Miguel Ángel Gálvez debe interpretarse como la postura de explorar indicios de culpabilidad en todos los ahora procesados.

Ya no se trata de una etapa exploratoria e investigativa ni de una primera declaración, sino ahora viene la valuación de pruebas, para definir culpabilidad o inocencia, tarea que será prolongada y ahora un poco menos compleja que la fase inicial, cuando los indicios no eran más que eso y ahora son medios de prueba.

Al incorporarlos a esta fase, los procesados se convierten en el centro de un proceso que deja de ser político y se convierte en algo judicial. Esto desdice lo que en varias ocasiones expresó el expresidente Otto Pérez Molina, cuya esperanza hasta el final de la primera audiencia era que junto a sus abogados convencieran al juez y a la opinión pública de que era víctima de una conspiración derivada de decisiones pertenecientes al campo político.

El país se encuentra entonces ante un juicio a delitos y delincuentes cuya acción deja como secuela un problema nacional a causa de las consecuencias administrativas y financieras potenciales. Con esto la perspectiva cambia y sale del ámbito político.

Eso es positivo y sumamente beneficioso para que la justicia se concentre en su ámbito y se mantenga lejos de las fuerzas políticas, sobre todo las partidarias. Mientras los procesos judiciales no se consoliden, la percepción ante los ciudadanos seguirá siendo de endeble y opaca.

Las declaraciones del juez Gálvez antes del anuncio de su decisión permitieron preverla, por haber señalado un asunto que encaja en la lógica. La intervención es una figura legal que por definición no puede ser demasiado prolongada porque ello solo puede explicarse al considerarla una acción cuyo fin verdadero es permitir a quien la ejerza encargarse de borrar las huellas de las acciones ilegales de todo tipo.

No tiene precedente para los guatemaltecos observar cómo en este momento hay varias investigaciones legales sobre casos de decisiones cuya explicación solo se puede lograr al agregar el factor de la corrupción, así como de componendas para obtener beneficios de puestos en la administración pública, o para actuar con el fin de esconder y atrasar todas aquellas acciones potencialmente riesgosas para alguien.

Es igualmente importante señalar el proceso de retirar el antejuicio a los ocho diputados oficialistas. El panorama nacional ha cambiado a partir de las manifestaciones públicas del año pasado. Aún no es suficiente y este señalamiento es válido, pero no puede olvidarse cómo es de complejo lograr lo más importante: el cambio de mentalidad tanto de los ciudadanos como de quienes llegan a ejercer cargos públicos o que desean servirse de la corrupción para obtener beneficios que terminan en un enorme perjuicio para otros sectores.