XokomilEl Estado se la busca

DINA FERNÁNDEZ

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La administracion del FRG está cosechando iniquidades para propios y extraños. No les basta con derramar agravios sobre los guatemaltecos: también se esfuerzan en prodigarlos a los extranjeros.

De ello pueden dar fe las 104 personas detenidas en los tres ?albergues? de Migración, acusadas de carecer de los documentos necesarios para ingresar a los Estados Unidos. A pesar de que hay normas internacionales (como la Convención Internacional para la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, emitida por la ONU), en donde se establece que migrar en busca de trabajo no es delito, y a pesar de que la ley guatemalteca tipifica el hecho de viajar indocumentado como una falta penada con multa, las autoridades locales se han dedicado en cuerpo y alma a apresar extranjeros para confinarlos en ?hoteles? con la misma calaña de estrellas que las bartolinas de un cuartel.

La periodista Lucía Rodríguez publicó en el último número de la revista Domingo un escalofriante reportaje sobre estos lugares que las autoridades migratorias y la embajada estadounidense llaman ?albergues? con derroche de eufemismo y descaro, pues en realidad sólo hay dos palabras para describirlos: cárceles clandestinas.

Mientras asesinos y secuestradores se fugan en masa de los presidios del país, trabajadores suramericanos, hindús y asiáticos, cuyo único delito es haberse dejado seducir por el sueño americano, reciben, en nuestro suelo, un trato digno de los peores criminales.

El caso de 34 hindús detenidos en el ?Hotel Brasilia? de la zona 9 es el más dramático. Llevan nueve meses privados de su libertad: siete en México y dos en Guatemala. Están encerrados en habitaciones donde no entra la luz, obligados a dormir dos en cada catre y a compartir entre todos un solo baño inmundo.

Barrotes, candados y guardias armados les impiden salir. No les dan sábanas, ni jabón, ni comida acorde a sus creencias. Están completamente indefensos e incomunicados, pues no hay embajada ni consulado de la India en Guatemala, y ellos apenas balbucean algunas palabras de español.

Es tal su desesperación, que cuando Rodríguez los visitó, le advirtieron que si no se resolvía la situación acabarían prendiéndole fuego a un colchón para quemarse vivos.

El hecho de que el Estado de Guatemala sea capaz de robarles a estos 34 hombres, y a muchos más en igual situación, meses enteros de su vida, debería cuajarnos de vergüenza patria.

En primer lugar, porque esa no es la manera de acoger a personas inocentes que acaban en estas latitudes, sin proponérselo. Podrá sonarle hasta banal a las autoridades migratorias, pero a los visitantes siempre se les ofrece la mejor manta y el mejor platillo. Si aspiramos algún día a ser un país turístico, las normas básicas de la cortesía, no digamos las virtudes de la hospitalidad, deberían ir permeando en todos nosotros.

Pero lo peor es que aquí no estamos ante un caso de malacrianza gubernamental. Este es un problema grave de violación a los Derechos Humanos, que confirma la nefasta reputación del Estado de Guatemala en esa materia.

Las autoridades han incurrido en un rosario de ilegalidades, pisoteando los derechos elementales de las personas plasmados en nuestra Constitución y tratados internacionales, quebrantando las normas de detención y abusando de las facultades otorgadas por la ley de Migración, que crea los famosos ?albergues?, pero estipulando que deben reunir ?condiciones dignas?.

Con tal de complacer al gobierno norteamericano y su política de control migratorio, Guatemala se arriesga a ser demandada ante una corte internacional y quedar nuevamente como un país salvaje.

Urge que las autoridades tomen plena conciencia de la seriedad de este problema y terminen con los abusos. El gobierno lo debería hacer movido únicamente por principios, pero dado que ese no suele ser un argumento popular entre los actuales funcionarios, por lo menos deberían analizar las consecuencias metálicas de tanto atropello. Dudo mucho que el Tío Sam saque presuroso la billetera cuando condenen a Guatemala a pagar millones por encarcelar a decenas de personas sin razón.

Pero en última instancia, estos horrores deberían mover a la reflexión a las autoridades norteamericanas. La pujanza de ese país es resultado del trabajo tenaz de los inmigrantes. En lugar de construir muros electrificados en las fronteras y soñar con fosas llenas de lagartos, deberían pensar en normas razonables para acoger a esos trabajadores.

No se vale limitar la apertura de las fronteras a las mercancías. La globalización también debe incluir el libre tráfico de las personas hacia donde se encuentran las oportunidades de trabajo. Eso no es un delito; es simplemente seguir al mercado que los norteamericanos tanto dicen defender.

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