Las apuestas están en contra de la justicia.

Difícilmente prosperará el antejuicio planteado en contra del vicepresidente Juan Francisco Reyes López con un Fiscal General buscando la reelección, un Organismo Judicial plegado a medias al gobierno y un Congreso dominado por el FRG con amplio margen.

Las condiciones institucionales no son propicias para descabezar al Ejecutivo. El Ministerio Público, MP, se la ha pasado tapándole los escándalos al Gobierno. En el caso del banquero Francisco Alvarado, sólo falta que tiren las órdenes de captura a la hoguera de la quema del diablo.

Y ahora que el acusado es el propio vicepresidente, el fiscal contra la Corrupción, Ramiro Coronado, se las ingenió para tomar una actitud ambigua: pidió el antejuicio, pero a la institución equivocada. Quizá peque de mal pensada, pero da la impresión que hay ahí una estrategia dilatoria.

Ha quedado muy claro que la prioridad del Fiscal General Alfredo González Rodas no estriba en la lucha contra la impunidad, especialmente en la que emana del Estado. Cuentan quienes estuvieron en la conferencia internacional sobre corrupción en Praga, que González Rodas estaba mucho más interesado en degustar las especialidades destiladas del lugar que en asistir a las mesas de trabajo.

Parece que lo que el Fiscal General quiere es retirarse con protagonismo: conservar un puesto en el Estado, pero sin ponerle al trabajo mayor esfuerzo, no digamos desgaste político.

Por otra parte, en el Organismo Judicial, la Corte Suprema está dividida: algunos magistrados tienen auténtica vocación para doblar el coxis ante los eferregistas y se la pasan dándole lata a quienes pugnan por un poco de independencia.

Así que cuando el antejuicio contra Reyes López llegue a un juzgado, el resultado dependerá de qué facción logra tomar el proceso entre sus garras. Si cae en manos de un juez con reputación de pusilánime, olvídenlo. Es probable que la solicitud no llegue ni siquiera al Congreso, que es al fin de cuentas el ente que debe dar el veredicto.

Ahora bien, aunque se haga el milagro y el proceso llegue hasta ese nivel, en el Congreso el desenlace depende de una simple operación matemática.

Para que el Legislativo declare con lugar el antejuicio, se necesita del voto favorable de dos terceras partes de los diputados, es decir, 75 de 113. Sin embargo, el partido oficial cuenta con una aplanadora de 63 curules, dispuesta a pasarle encima a cualquier iniciativa que ponga en peligro al vicepresidente, una de las columnas del FRG.

Aún si se unieran todos los parlamentarios de oposición, sólo reunirían 50 votos. Faltarían 25 que no se pueden exprimir de la bancada eferregista ni en sueños. Y además, difícilmente los 50 opositores se podrían poner de acuerdo en el caso del antejuicio, pues muchos de ellos -insignes miembros de la DC, el PLP o la UD- funcionan como satélites de la aplanadora azul.

No quiero pecar de pesimista, pero el escándalo de la Tipografía Nacional, donde la evidencia señala al vicepresidente, quedará en apostilla histórica, justo como ha sucedido con el escándalo del Guategate, sepultado por obra y gracia de la Corte de Constitucionalidad.

Es lamentable que el análisis elemental y la ley de probabilidades envíen nuevamente otro proceso en contra de un alto funcionario al saco roto de una institucionalidad cooptada por el partido oficial.

Pero de la misma forma en que no hemos tocado fondo con la crisis económica, el FRG todavía puede acaparar más poder y degradar el ambiente político.

El año entrante se eligen varios funcionarios clave: los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor y el Fiscal General.

Que no les quepa duda que el FRG moverá todos los hilos a su disposición para colocar en esos puestos a personajes afines y maleables. Las consecuencias no tengo que enumerarlas: baste decir que con un TSE plegado a los eferregistas, un fraude electoral no es de ninguna forma una posibilidad remota.

La sociedad civil debe movilizarse desde ya para que ese mal oráculo no se cristalice. Urge una estrategia seria para enfrentar la debacle de la institucionalidad democrática. El país no aguanta otro período eferregista y lo peor de todo es que ahora, con la amenaza de terrorismo biológico, ni siquiera hay a dónde emigrar.