Hace algunos días me quedé con las ganas de comentar una cita del ministro de Educación, Mario Torres, de esas que no sólo estremecen por la profundidad del error, sino que asustan, porque uno siente que después de semejante rebuzno, el funcionario va a empezar a dar de coces sobre el estrado.

La ocasión de este espectáculo fue la ceremonia de condecoración para los alfabetizadores destacados del año; los protagonistas, el ministro Torres y el presidente Alfonso Portillo, quienes vociferaron, a coro, la misma excusa, como en la fábula de los Músicos de Bremen: ?¿Cuántas personas hemos alfabetizado??, se preguntaban en público. ?No importa, lo importante es que se sentó un precedente y los próximos gobiernos deberán seguir el programa?.

Supongo que en su casa al ministro Torres no lo dejarán meter mano en el gasto, pues ya me imagino la cara que le pondría su esposa si un día se apareciera con una explicación equivalente: ?Mi amor, no importa cuántos de nuestros hijos van a comer este mes. Lo importante es que fui al super…?.

Los Q100 millones anuales que se ha succionado el Ministerio de Educación con el capricho de la campaña de alfabetización son un desperdicio imperdonable y a estas alturas, no hay justificación posible para extender ese gasto durante los próximos dos años de caos eferregista. Dios nos libre de que el próximo gobierno se siga empecinando en esa idiotez.

La campaña de alfabetización ha sido una farsa populista de magnitud atómica en un país hambriento de cobertura y calidad educativa.

El ministro y el presidente creen que nos debería conmover hasta las lágrimas el altruismo de sus intenciones. Pero la verdad es que con esa y otras cantaletas sólo acumularon despropósitos.

En ninguno otro ministerio, el fracaso de los programas sociales del gobierno ha sido tan estrepitoso como en la cartera encargada de proporcionar a los guatemaltecos esa imperfecta pero imprescindible plataforma de igualdad de oportunidades que es una buena educación pública.

Guatemala, es cierto, tiene el peor índice de analfabetismo de América Latina, después de Haití. Sin duda alguna, esa es una de las muchas razones de nuestra pobreza. Pero pretender que esa estadística va a cambiar montando una payasada de campaña -sin organización y controles mínimos- es vernos la cara de estúpidos.

Guatemala contaba con una institución, Conalfa, encargada de alfabetizar. No podía hacer magia, pero arrojaba resultados satisfactorios. Lo razonable hubiera sido que el actual ministro aprovechara la experiencia de esa entidad, la fortaleciera y organizara un programa de voluntarios -reitero, voluntarios- para ayudarles.

Los analfabetas son, por definición, adultos. Al enfocarse en ellos, el ministerio ataca el síntoma y no la causa de la enfermedad. La prioridad del Estado debería ser ampliar la cobertura educativa de tal forma que no haya un solo niño en el país, ni uno solo, que se quede sin ir a la escuela.

La Constitución manda que la educación sea obligatoria y gratuita los primeros seis años de primaria; los acuerdos de paz establecen que para este año, la cobertura de los primeros tres, debería ser total sin excusa ni pretexto en el territorio nacional.

Esas metas son prácticamente imposibles de alcanzar con la mentalidad de las actuales autoridades, que han saboteado (caso de Pronade) o de una vez, eliminado (caso de los desayunos escolares Corazón Contento) las iniciativas destinadas a atraer y a mantener a los niños en las aulas.

La periodista Nancy Avendaño publicó en la revista Domingo un análisis sobre la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación. Una de las observaciones más interesantes es que el costo de los niños del sector público que no aprueban el curso, repiten o abandonan la escuela se eleva a un cuarto del presupuesto total de la cartera.

Ahora que más de 60 organizaciones de la sociedad civil están cabildeando por elevar el presupuesto de Educación, los diputados deben revisar con cuidado las cifras de esa cartera. El dinero no se debería asignar a lo loco, a quien pide la luna por creerla de queso. Lo ideal sería que los recursos fueran a los programas prioritarios, con impacto y de éxito demostrado.

La campaña de alfabetización no reúne una sola de esas condiciones.

Mientras el ministro y el presidente aseguran que no importa cuántas personas se alfabeticen, hay toda una generación que pagará en el futuro esa negligencia, al engrosar sin remedio las estadísticas desoladoras del analfabetismo.