Con la cara dura de siempre, el Gobierno de Guatemala le está pidiendo a 400 personas que jueguen a la ruleta rusa con un fármaco que podría ser tan letal como una bala.

Los afectados son los pacientes de insuficiencia renal que han recibido el mayor regalo que existe: la vida. A todos ellos, un transplante de riñón les ha devuelto no sólo la posibilidad de seguir vivos, sino la capacidad de trabajar, de compartir con los suyos y de recuperar la alegría.

Por desgracia, nuestras autoridades pretenden que los 200 transplantados del IGSS, los 150 de salud pública y 45 niños más, dejen de recibir la medicina administrada casi universalmente a quienes viven gracias a un riñón ajeno. Para estos pacientes, la ciclosporina A es tan vital como el aire, pues sin ella, las defensas del cuerpo reconocerían al tejido extraño y lo rechazarían.

El objetivo de la actual administración es que los guatemaltecos se vuelvan los conejillos de Indias de un remedio coreano fabricado por una casa farmacéutica llamada Chon Kun Dan. Esta novedad médica no está autorizada por la FDA, la entidad norteamericana responsable de certificar la calidad de fármacos y alimentos, ni por la comisión homóloga de los europeos.

Desde luego, el medicamento coreano es un genérico y cuesta más o menos la mitad que el utilizado en el resto del mundo. Calculen: si el Estado gasta por lo menos Q6 millones anuales en esa medicina, el ahorro -o quizá el negocio- sería de Q3 millones.

El problema es que ni los fabricantes del genérico en Corea, ni la empresa que busca comercializarlo en Guatemala, ni las autoridades de gobierno han sido capaces de producir estudios científicos de bioequivalencia que garanticen la efectividad del mismo.

Lejos de ello, los números más serios, referidos por la Sociedad Coreana de Transplantes, revelan que uno de cada dos pacientes tratados con el genérico ha rechazado el riñón en tan sólo seis meses. Es un riesgo del 55 por ciento, frente a uno del 5 ó 10 por ciento con la marca probada.

Saber que el Gobierno ya ha adjudicado el contrato de compra del fármaco coreano, mientras el tradicional está desapareciendo de las bodegas del IGSS, le da escalofríos a pacientes y médicos, quienes se niegan a poner en peligro vidas que han costado incalculables sacrificios.

?Sólo de pensarlo se me encoge el corazón?, dice Darcy Giovanni Arias, un padre de familia de 33 años que hace apenas cinco meses tuvo la suerte de recibir el riñón de un extraño que al morir, lo salvó a él y a otra persona más.

Arias sabe lo que vale un riñón. Las personas como él llevan de por vida las marcas de su padecimiento, no sólo en el espíritu, robustecido a fuerza de luchar, sino en su propia carne.

?Yo volví a nacer?, asegura, mientras se desabotona la manga para mostrarme el brazo, lleno de tumores del tamaño de un tomate, como si fuera un amasijo de raíces.

Ese brazo es el resultado de la hemodiálisis. Sólo quien ha pasado por un infierno así sabe lo que significa: para Arias fueron tres años de su vida encadenado a una máquina que cada tres días, durante cuatro horas, le limpiaba la sangre.

Me pide que le toque la cicatriz y bajo la piel abultada y tibia, siento cómo palpita la sangre. Me mira a los ojos y no necesita decir más: es a ese calvario al que lo podrían condenar de nuevo si el genérico no funciona y él rechaza el riñón que le ha permitido reincorporarse a su trabajo en Santa Lucía Cotzumalguapa y soñar con ver crecer a sus tres hijos.

Los temores de los pacientes tienen fundamento. El presidente de la Asociación Guatemalteca de Transplante Renal, Rudolph García-Gallont, asegura que él sería el primero en recomendar un genérico, siempre y cuando el riesgo fuera manejable. Pero con los datos del medicamento coreano, ni él ni los médicos del IGSS están dispuestos a trabajar.

La Fundación Amor, que vela por los pacientes renales, busca evitar que el Estado suministre un medicamento barato en quetzales, pero caro en vidas. ?Si yo no tengo confianza para tomarme esa medicina, no puedo pedirle a otros que lo hagan?, dice la presidenta, Annelisa Castillo.

Sólo queda esperar que el rector de la salud, el ministro Mario Bolaños, honre la Constitución que juró respetar y lo obliga a proteger la vida y garantizar la calidad de los fármacos al alcance del público. No es sólo un asunto de vida o muerte, se trata de no tirar a la basura verdaderos milagros.