Aunque tarde, el Estado ha cumplido con la comunidad petenera de Dos Erres.

Una representante de ese poblado, Felícita Romero, acaba de recibir de manos del presidente Alfonso Portillo, Q14.5 millones en concepto de resarcimiento, para repartir entre 176 sobrevivientes de la masacre.

No se trata de un regalo ni de una dádiva del presidente. Es un mandato de los acuerdos de paz y una recomendación de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, compensar a quienes sufrieron horrores durante el conflicto armado.

Sin duda alguna, el mandatario y su séquito de colaboradores estarán esperando que se les agradezca de rodillas este gesto de magnanimidad, celebrado el 10 de diciembre, día internacional de los Derechos Humanos.

Pero aparte de uno que otro diplomático ingenuo (ya hasta entre ese público proclive al aplauso se les van acabando los simpatizantes), dudo mucho que alguien se disponga a complacerlos: demasiadas incongruencias empañan este tardío homenaje a los sobrevivientes de la guerra.

El resarcimiento de las víctimas es uno de esos compromisos de la paz que el Estado estuvo más dispuesto a suscribir, simbólicamente, que a llevar a cabo, en una partida contante y sonante del presupuesto.

En el gobierno pasado abundaron las excusas para no reparar directamente a las víctimas. Incluso al más alto nivel y en tiempos de campaña electoral, se repetía siempre la misma cantaleta: ?el resarcimiento va en las carreteras, la luz y el agua, porque no se puede hacer diferencia entre las personas que van a recibir un aporte especial y las que no?.

A pesar de que es justo reconocer la obra pública realizada por la anterior administración, sigo pensando que ese enfoque no era el correcto, pues llevar la infraestructura mínima a todos los rincones del país constituye una de las obligaciones ineludibles del Estado.

Con o sin guerra, con o sin acuerdos de paz, hay que garantizarle los servicios básicos a todos los guatemaltecos, si queremos salir de la miseria. El resarcimiento a los sobrevivientes de las atrocidades padecidas durante el conflicto es un tema aparte: restañar esas heridas necesita de otra clase de esfuerzo.

Es una pena entonces que el presidente Portillo decida pedir perdón y compensar a las víctimas de una masacre, cuando resulta casi imposible tomarlo en serio.

Los funcionarios van a decir que nunca estamos contentos, pero, la verdad, sabe a burla que monten este show con bombos y platillos, cuando el FRG se ha empeñado concienzudamente en destruir los procesos iniciados por las negociaciones y la firma de la paz. ¿Para qué tanto discurso, cuando el presidente acaba de remilitarizar el Ministerio de Gobernación?

Un solo gesto no borra dos años de una política sistemática de aniquilamiento de los acuerdos de paz. Las palabras y el chequecito se agradecen, pero a la larga, de nada sirven cuando el gobierno está rearmando las estructuras que dieron pie a buena parte de esos horrores que deberíamos conjurar para siempre.

Además, no queda claro cómo el gobierno va a darle continuidad al resarcimiento del resto de víctimas. Aparentemente, han querido sentar un precedente para que los interesados empiecen a reclamar (quizá ello justifique la creación de un nuevo órgano estatal con decenas de plazas para repartir entre los correligionarios). Pero dado que son más de 600 masacres, uno se pregunta qué criterios van a usar para definir la repartición: cuánto dinero se le da a cada quien, se establece o no diferencias por los delitos padecidos, cómo se compensa a las víctimas de la guerrilla, se reparte individual o colectivamente, y si es por comunidad, cómo se asegura que el dinero llegue a todos.

Yo sigo creyendo que el resarcimiento a las víctimas puede incluir una compensación económica si resuelven las dudas anteriores. Pero también pienso que el Estado puede poner en marcha algunos programas específicos para los sobrevivientes, que no necesariamente implican la repartición de billetes o una larga espera mientras se resuelven procesos judiciales.

Por mencionar un solo ejemplo, urge que en las áreas más castigadas por la guerra se brinde atención en salud mental, no sólo a quienes vivieron los horrores del conflicto, sino a sus descendientes, que han crecido en medio de fantasmas.

Pero lo más importante es que el Estado y los guatemaltecos hagamos votos por no cometer los errores del pasado. El presidente lo dijo en su discurso, pero a estas alturas debería haber comprendido que las palabras se las lleva el viento, especialmente cuando las contradice con sus acciones.