Señores magistrados, ando por el Altiplano, esa región fantástica del país rebosante aún de belleza natural; rica en diversidad étnico-cultural, pero que desgarra el alma a la par. Vine a presentar a las autoridades locales una investigación que realizáramos en uno de sus departamentos para determinar las condiciones en que arrancará un programa dirigido a apoyar al Ministerio de Salud (MSPAS) para reducir la muerte materno-infantil y neonatal.

Llora sangre ver cómo se está “atendiendo” a la población. El patrón de lo que ocurre con el MSPAS a nivel nacional se reproduce calcado en cualquier escala territorial e institucional que se incursione: centro de convergencia, puesto de salud, centro de salud, Caimi, CAP, hospital; todos con enormes carencias de infraestructura, sin cosas tan básicas como estetoscopios y esfigmomanómetros (sirven para medir la presión arterial); ni lo más elemental para determinar si una mujer está embarazada o no. No me alcanza el espacio para contarles de los desafíos que tienen los trabajadores de la salud en terreno, pero dejo constancia que muchos se fajan haciendo malabares, rifas, concursos y pidiendo caridad a las farmacéuticas para que les donen muestras para ir paliando la necesidad de la gente.

Hay mucho por hacer en el Ministerio de Salud, sin duda alguna. Pero en esta ocasión, más que elaborar al respecto, quiero contarles que saliendo de esa actividad de “devolución de los hallazgos” leí una nota de prensa que informaba a la ciudadanía que no solo el Estado les está licitando a ustedes su nuevo seguro privado de gastos médicos, sino que además, “para que no queden descubiertos en el ínterin” se están autorecetando una prestación temporal de hasta Q95 mil adicionales por fuera de su salario, para cubrir sus gastos médicos y dentales durante el período.

Solo esa “prestación temporal” para ustedes significará una asignación de más de un millón de quetzales. Quiero que sepan que del medio millón de habitantes de ese departamento donde ando, el 75% de la gente vive en pobreza y tiene una de las cinco tasas de muerte materna más altas de todo el país; sin embargo, ellos tienen asignados apenas Q778 mil para comprar medicina para toda la población, para todo el 2016. Quiero que sepan que la mayor parte de afiliados al IGSS no pueden darse el lujo de comprarse un seguro privado médico complementario, menos uno pagado con fondos públicos, que bien podrían estar destinándose para mejorar los servicios del IGSS para todos los afiliados.

Por favor, no salgan con la perorata de que la “independencia de poderes” les faculta a disponer de su presupuesto para justificar lo que se recetan ustedes mismos, y a todos los trabajadores de la CSJ: seguros médicos privados que no pagan de su salario, sino que salen del erario, como una prestación adicional, cuando hay tantísima gente que no tiene, ni en el IGSS ni en el MSPAS, ni lo esencial para curarse sus dolencias.

Se supone que ustedes administran “Justicia”. ¿Y dónde quedó entonces la justicia social? ¿Y la igualdad de derechos? Ustedes son funcionarios públicos de la más alta jerarquía, deberían dar el buen ejemplo. ¿Por qué no usan el IGSS? ¿Por qué no pelean junto a nosotros para rescatar esta institución? ¿Por qué imitan el mal ejemplo que dio la CC hace un año, cuando dio un “bono” a sus trabajadores en plena crisis fiscal y de desabastecimiento de medicamentos en el MSPAS?

Luego nos piden a los que no tenemos IGSS ni seguro médico privado que paguemos más impuestos para sufragar sus privilegios. ¡Flaco favor le han hecho al ministro de Finanzas!

karin.slowing@gmail.com